Memoria 2020 Tomo 3

contractuales, a las cuales sehanobligadoenvirtudde la suscripcióndel contrato 403 . Lo anterior, con mayor justificación, cuando se trata de un contrato interadministrativo, en el cual se persiguen finalidades de servicio público y de interés general en beneficio de muchas comunidades de todo el país. En consecuencia, es claro que si se presenta cualquiera de las hipótesis legales de incumplimiento de un contrato, vale decir, el no cumplimiento, el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío, la parte que no cumple su compromiso demanera correcta, conforme a lo pactado, debe responder y resarcir los perjuicios causados. No obstante, la parte incursa en el incumplimiento se puede exonerar de responsabilidad, siempre y cuando argumente y, por supuesto, demuestre la existencia de una causal de exoneración, como por ejemplo, la ocurrencia de un caso fortuito, una situación de fuerza mayor 404 o la aplicación de una cláusula de exoneración de responsabilidad acordada en el contrato. 403 Existe un gran número de disposiciones en diversos estatutos normativos, que establecen la aplicación del principio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos. Así, por ejemplo, los artículos 1495, 1602 y 1603 del Código Civil disponen lo siguiente: «Artículo 1495.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas». «Artículo 1602.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales». «Artículo 1603.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella». Precisamente, la Carta de 1991 elevó a rango constitucional el principio de la buena fe. Dice así su artículo 83: «Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». El mismo Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, sigue el principio del cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuando prevé lo siguiente: «Artículo 32.- De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […]». 404 Código Civil. «Artículo 64.- Subrogado. Ley 95 de 1890, art. 1º.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.». 431 Memoria 2020 · Consejo de Estado · Tomo III