Memoria 2020 Tomo 3

estatuto de carrera administrativa con la correlativa regulación del instituto del empleo público, cuya adopción es imperiosa para ordenar el ingreso y acceso a la administración pública, en condiciones de igualdad de oportunidades , principio garantizado de manera suficiente en el artículo 27. Es atributo esencial de ley asegurar la igualdad de trato, sin discriminaciones injustificadas. De otra parte, no sería viable pervertir el alcance de la generalidad de la ley para terminar anulando toda manifestación de la función legislativa, en la medida que toda disposición por tal carácter incide directa o indirectamente en situaciones particulares, inclusode los propios congresistas, sinque pueda afirmarse que por tal hecho se incurra de plano en conflicto de intereses . En relación con lo manifestado por el Gobierno Nacional en la consulta ,y teniendo en cuenta la doctrina de la Sala, es necesario reiterar, como ocurre en el caso presente, que todo el conglomerado social, todas las personas naturales y jurídicas serían las titulares de las medidas de carácter general, impersonal y abstracto que se expedirían en el marco de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y comercial que se encuentren en ejecución en el país, con las finalidades propuestas, y en esa medida las disposiciones que regulen tales temas son de beneficio de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, excluyendo, para los ministros, la configuración de un conflicto de interés teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la ley a expedir, salvo las particulares condiciones que en un caso concreto puedan concurrir, como se precisará más adelante. Destaca la Sala que, conforme a las circunstancias fácticas de la consulta elevada por el Señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la cual algunos de los ministros tienen actualmente la calidad de arrendatarios o arrendadores, por ese solo hecho, no se configura un impedimento para dichos servidores públicos, teniendo en cuenta que las disposiciones que se expedirían, en el marco de los decretos legislativos del estado de emergencia económica, social y ecológica, cubrirían a la generalidad de personas y habitantes, en condición de igualdad con los particulares sujetos de la ley en sentido material. Igualmente, de acuerdo a la doctrina de la Sala, para que se configure el conflicto de interés, es necesario que las normas a expedir confieran al servidor público un derecho de rango superior o generen alguna situación de orden moral o económico que le impida actuar en forma objetiva e independiente, o impliquen beneficio 1489 Memoria 2020 · Consejo de Estado · Tomo III