Memoria 2020 Tomo 3

domiciliarios y, en particular, los servicios de acueducto y saneamiento básico (aseo y alcantarillado), aparte de las reglas generales que establece el Código Civil: i) Dichas disposiciones deben interpretarse en armonía con los principios y normas constitucionales, especialmente aquellos que se refieren a los servicios públicos. ii) Las leyes y, en general, las disposiciones especiales que regulen uno o varios de dichos servicios, deben interpretarse y complementarse con las normas de la Ley 142 de 1994. iii) Las disposiciones de la propia Ley 142 deben interpretarse de acuerdo con los principios y las reglas generales contenidas en el capítulo primero del título preliminar de dicha normatividad. iv) Si tales disposiciones se refieren a los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, deben interpretarse, además, a la luz de los principios establecidos en el citado título preliminar (y no solo en su capítulo primero), en la forma que mejor garanticen la libre competencia e impidan los abusos de la posición dominante, y que más favorezcan la continuidad y calidad en la prestación de los servicios. v) Y, por último, si las normas cuyo sentido se quiere esclarecer se refieren a los servicios públicos de acueducto, aseo y alcantarillado, debe darse prioridad al objetivo de mantener y extender la cobertura de estos servicios, principalmente en las zonas rurales, en los municipios pequeños y en las áreas urbanas de estratos 1 y 2, sin desconocer los objetivos de lograr mejoras en la eficiencia, competencia y calidad. A la luz de las citadas reglas hermenéuticas, la Sala procederá a efectuar una interpretación sistemática y finalista del parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, la cual, junto con la interpretación histórica que se hizo en el acápite anterior, permitirán finalmente resolver las preguntas planteadas por el ministerio consultante. Como se indicó en los antecedentes, la norma mencionada dispone lo siguiente, en su parte pertinente: 1246 Memoria 2020 · Consejo de Estado · Tomo III