Memoria 2020 Tomo 3

especialidad de la materia no excluye la aplicación de “todos los principios del debido proceso, tales como los de legalidad, tipicidad, prescripción, culpabilidad, proporcionalidad, non bis in ídem  y la doble instancia.” 1007 3. El Derecho administrativo sancionador y el procedimiento sancionatorio en la Ley 1437 de 2011 La potestad sancionatoria en ejercicio de la función administrativa se sustenta en los artículos 2º, 4º, 29º, y en general en los artículos 150-8, 189 numerales a 21 a 26, 209, 334, 365, 366 y 370 de la Carta 1008 , pues con ella se busca la “realización de los principios constitucionales” 1009 que “gobiernan la función pública” (artículo 209 de la Carta 1010 ). Explica la jurisprudencia que “ la potestad se activa, a partir del desconocimiento de las reglas preestablecidas 1011 , lo que le permite al Estado imponer sanciones como ‘respuesta a la inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la Administración’”. 1012 En la legislación colombiana se encuentran regulados de manera especial varios procedimientos administrativos sancionatorios, como por ejemplo, el tributario, el fiscal, el disciplinario, y por supuesto, los correspondientes al ejercicio de las profesiones, al que se volverá más adelante. Las respectivas leyes identifican los derechos, valores o bienes objeto de tutela o protección, tipifican las faltas y sanciones, refieren los sujetos activos y pasivos, definen competencias, crean estructuras y, como regla general, establecen el procedimiento, de manera que se garanticen los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones de las autoridades en ejercicio de la facultad sancionatoria. 1007 Corte Constitucional, Sentencia C-838-13 (20 noviembre), Referencia: expediente D-9663, Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 6° (parcial) del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 176 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989. 1008 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-957-14 y C-089 de 2011. 1009 Sentencia C-595 de 2010. 1010 Sentencia C-506 de 2002. 1011 Sentencia C-595 de 2010. 1012 Ibídem. 1204 Memoria 2020 · Consejo de Estado · Tomo III