Memoria 2020 Tomo 3

la Ley 1861 de 2017 (reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización). La finalidad del legislador fue la de proteger el derecho fundamental al trabajo y el acceso a la función pública que se estaban viendo menguados por la exigencia de este requisito. Concretándonos en la Ley 1861 de 2017, puede afirmarse que esta también es una ley de naturaleza especial pues regula una materia específica y puntual como es el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización, es decir regula todo lo relacionado con la definición de la situación militar: formas de definirla (servicio militar obligatorio o pago de la cuota de compensación militar), autoridades competentes, proceso para su definición, acreditación para el trabajo, exenciones, etc. Nos encontramos entonces frente a dos (2) textos normativos que gozan del mismo nivel jerárquico pues son de naturaleza ordinaria y además son de carácter especial, dado que cada uno de ellos está regulando una materia concreta: uno, que es el Decreto Ley 274 de 2000, que regula la carrera diplomática y consular y, otro, que es la Ley 1861 de 2017, que regula el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización, es decir todo lo relacionado con la definición de la situación militar. Los dos textos normativos citados consagran lamisma obligación de tener definida la situación militar, la cual se acredita con la tarjeta de reservista. Esta obligación no solo es de orden legal, sino que ante todo es de orden constitucional, tal como se señaló a lo largo de este concepto. El problema jurídico surge respecto del momento o la oportunidad que tienen los ciudadanos varones para definir su situación militar cuando pretendan ingresar a un empleo, y concretamente a un empleo público perteneciente a la carrera diplomática y consular. En este sentido es necesario utilizar criterios de hermenéutica jurídica que nos permitan determinar cuál de las dos disposiciones jurídicas debe aplicarse: si el Decreto Ley 274 de 2000 o la Ley 1861 de 2017, máxime cuando ambas disposiciones son del mismo nivel jerárquico, pues son normas ordinarias, pero, además, cada una se caracteriza por tener una especialidad. 782 Memoria 2020 · Consejo de Estado · Tomo III