Libro

Verdades en Convergencia Análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado en diálogo con la Comisión de la Verdad 244 mente, miembros del Ejército Nacional, y en algunos casos la Policía y Armada Nacionales. En una menor proporción se declaró responsable al Estado por acción u omisión en las desapariciones forzadas cometidas por otros actores (FARC, grupos paramilitares). 15. Sobre el modus operandi de los agentes oficiales, la Comisión señala que las desapariciones se produjeron por la actuación deliberada (algunas veces en conjunción con otras violaciones como las ejecuciones extrajudiciales), como parte de una estrategia de tolerancia frente a grupos que perpetran dicho tipo de violaciones, y otras veces por la ausencia de investigación y búsqueda de las víctimas. Varias ejecuciones extrajudiciales están relacionadas con la res- ponsabilidad de la Policía como parte de una estrategia de exterminio social, conocida coloquialmente como “limpieza social” y vinculada con actividades criminales que no solo comprende las desapariciones forzadas, sino homici- dios, secuestros, torturas, entre otros. También se llevaron a cabo desaparicio- nes empleando como justificación la calidad de insurgente de la víctima. En otras ocasiones, la actuación del Ejército fue justificada por la participación en un delito o en el contexto de detenciones arbitrarias. El modus operandi de las detenciones arbitrarias en ocasiones incluyó retenes militares. Igualmente, la jurisprudencia declaró la responsabilidad del Estado cuando se demostró que actores del conflicto armado se comprometieron con agentes públicos en ra- zón de su posición institucional para cometer las violaciones, o cuando hubo una falta de protección que omitieron deliberadamente brindar. 16. La Comisión de la Verdad destaca que los casos estudiados dan muestra de la carga onerosa para las víctimas que no solo ven vulnerados sus derechos, sino que tienen que asumir riesgos para la búsqueda con escasos resultados, y son sometidas a frecuentes formas de revictimización. En ese contexto se tuvo en cuenta la desidia y falta de colaboración efectiva de las instituciones oficiales, la obstaculización de la búsqueda y maniobras fraudulentas para ocultar la verdad y la recuperación de los cuerpos, la intimidación y amenazas en la bús- queda, el silenciamiento generalizado y el contexto de intimidación, la ausencia total de investigación, y los obstáculos para el acceso a la justicia. Todo ello genera en los familiares nuevos impactos psicológicos, graves consecuencias familiares y frecuentemente falta de apoyo y ostracismo social. La violación del derecho a la verdad supone también una grave afectación a la posibilidad de hacer el duelo, a la vez que supone en los familiares una herida permanen- temente abierta por la verdad incluye no solo los hechos o responsabilidades, sino conocer el destino y paradero de los desaparecidos.