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VERDADES COMPARTIDAS: FUNDAMENTO DE JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN 233 armado sin visos de atención de la situación, como se documentó en varios casos sobre desplazamiento pero también sobre desaparición forzada. Sobre los responsables, las sentencias enmarcan diferentes responsabilidades co- lectivas en el Ejército Nacional, en la Policía Nacional, en cuerpos de seguridad del Estado como el DAS, además de la Justicia Penal Militar, la justicia ordinaria, de las autoridades civiles e incluso apuntan pistas sobre el papel de los medios de comu- nicación, por ejemplo, cuando publicitan las ejecuciones de personas sin investigar adecuadamente la información que les es suministrada. Aunque son las Fuerzas Militares los directos perpetradores en la gran mayoría de casos como las ejecu- ciones extrajudiciales, se constata la existencia de múltiples complicidades y de un sistema que parte en las recompensas y la ausencia de control –diseñadas desde el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional–, hasta la ausencia de investigación judicial efectiva y apropiada. En estos contextos, las conductas adquieren un reproche particular por ser una actuación que viene de quienes ostentan posición de garante y da muestra de una falla sistémica y estructural en la Fuerza Pública frente a la protección de los De- rechos Humanos y el respeto al DIH que inicia en el proceso de selección e incor- poración de sus integrantes, que se prolonga durante el ejercicio de sus funciones y que continúa en la ausencia de rendición de cuentas e investigaciones propicias por los hechos. La ausencia de control e investigaciones posteriores a las acciones se da bajo una lógica de justificación por las presuntas acciones de las personas ejecutadas, pese a que la práctica de las ejecuciones no es admisible frente a ningún tipo de persona. En los casos de violaciones como las torturas, las desapariciones forzadas y las eje- cuciones extrajudiciales, uno de los aspectos que la jurisprudencia resalta como de- cisivo es el argumento del apoyo irrestricto a la Fuerza Pública y la concepción de enemigo como justificación de la atrocidad, lo cual no tiene únicamente el efecto de ofrecer una salvaguarda a las acciones reprochables sino que termina por man- cillar el nombre y la honra de las víctimas que son enmarcadas como enemigas de una sociedad en la que desempeñan sus labores, en gran parte pacíficas y humildes, como el caso de la gran cantidad de campesinos que cayeron víctimas de ejecucio- nes extrajudiciales. Con este propósito, en los casos analizados se emplean diversas formas de oculta- miento y distorsión de la realidad para justificar las violaciones, desde la implan- tación de armas, vestimenta y otros implementos de guerra para crear escenas de combate que nunca existieron o la supuesta calidad de actores armados de las vícti- mas, hasta la inactividad investigativa como forma de ocultamiento de una verdad que necesita ser escudriñada para determinar responsabilidades tangibles.