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33 de vinculación de los docentes con el Estado, por ende, al no acreditar su condición de servidora pública, el tiempo laborado no podía tenerse en cuenta para la aplicación de la Ley 812 de 2003, que contiene el régimen prestacional de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que estuvieran vinculados al servicio público educativo oficial, por tanto no era posible aplicar el literal a) del artículo 63 del Decreto 1848 de 1969, sino las Leyes 100 de 1993, 772 de 2002 y las demás normas complementarias, como en efecto lo señaló la autoridad judicial cuestionada. PROBLEMA JURÍDICO 2: Establecer si la providencia de la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por no valorar todo el material probatorio obrante en el proceso ordinario. TESIS 2: Frente al defecto fáctico, se advierte que en el escrito de tutela, a pesar de que la accionante señaló la concurrencia de este, resulta del caso precisar, que no indicó la prueba que no fue valorada (…), situación que impide al juez constitucional, realizar pronunciamiento alguno al respecto, puesto que debió ser la parte interesada la llamada a individualizar el material probatorio que no fue tenido en cuenta por el juez natural de instancia. Al alegarse un defecto fáctico, se requiere un mínimo de argumentación, para que con ella el juez constitucional pueda advertir si la decisión judicial cuestionada omitió la valoración de alguna prueba en particular. De no ser esto así, se configuraría una trasgresión a las garantías procesales de defensa y contradicción, puesto que la parte demandada, al no saber los cargos puntuales por los cuales se le acusa, (...) no podrá controvertir concretamente lo que se le imputa. NORMATIVIDAD APLICADA DECRETO 1848 DE 1969 - ARTÍCULO 63 / LEY 776 DE 2002 / LEY 812 DE 2003