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Víctimas Los derechos de las víctimas M e propongo en esta ocasión reflexionar acerca de la expec– tativa mayoritaria orientada a la consecución de ta verdad, la justicia, ta reparación y la garantla de irrepetibilidad, como derechos de tas victimas, en los pro– cesos de justicia y paz. l. Estándares internacionales de amparo a las victimas y modelos de justicia Tiempo atrás la jurisdicción penal colombia– na estuvo orientada de manera prevalente a salvaguardar los derechos y garantías de los procesados, de modo que el interés de la parte civil quedaba circunscrito exclusi– vamente al ámbito pecuniario de carácter resarcitorio' . No obstante, con la sentencia C-554 de 31 de mayo de 2001 2 y luego con la C-1149 de 31 de octubre del mismo año 3 se estableció que la victima o el perju– dicado con la comisión de un delito tienen derecho a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación, soporttlndose para ello en lo expuesto en el Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos rendido por la Comí· sión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas•. Esta posición fue luego puntuali– zada en la conocida sentencia C-228 de 3 de abril de 2002, la cual a su vez se sus– tentó en el fallo de 14 de marzo de 2001 ' V. gr., providencras de 24 de febrero de 2000 (rad. 11650. M. P: Alvaro Pé1ez Pinzón) y de 20 de abril de 2002 (r ad. 19088. M. P. : C ar1os Augusto Gálvez Argote). entre muchas otras. 2 M. P.: Cla1a Inés Vacgas Hernández. 3 M P .. Jaime Araújo Renterla • Resolución 1996 119 de la Subcomisión. Informe titulado la adminirtradón de justicia y los derechos humanos de los detenidos. proferido por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), cir– cunstancia que a la postre impuso también ulteriormente ajustar la legislación procesal en los artículos 137 de la Ley 906 de 2004 y 4.º de la Ley 975 de 2005. La mencionada normativa, también lla– mada Ley de Justicia y Paz, está dirigida a facilitar la reincorporación a ta sociedad y la reconciliación de los miembros de gru– pos armados at margen de la ley autores o partícipes de delitos no necesariamente políticos o conexos con estos, siempre que medie una contribución efectiva a la con– secución de la paz nacional y se garanticen los referidos derechos de las víctimas. En el marco de tal legislación se tiene que el derecho a la verdad, cuya titularidad corres– ponde a la víctima y a la sociedad. apunta a la determinación de cómo ocurrieron los hechos, to cual se refiere a individualizar a tos determinadores. los autores materiales y cómplices, además de establecer sus mo– tivos, las prtlcticas utilizadas, los métodos de financiación, las colaboraciones inter– nacionales, estatales o particulares recibi– das. así como saber dónde se encuentran los secuestrados y los desaparecidos por la fuerza, amén de integrar la memoria histórica; todo to anterior. sin perjuicio de complementar esa verdad judicial con otros medios, como, por ejemplo, el trabajo de historiadores, periodistas, investigaciones sociológicas de campo y comisiones de la verdad. ► Junio 20101 Revísta Judícíal l 45