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D esde la expedición del Decreto 4932 del 18 de diciembre de 2009, el Go– bierno Nacional inició una nueva carrera para reformar la Justicia. Lo malo del caso es que nuevamente equivocó el camino. Y lo erró en materia grave desde la misma expedición del citado Decreto, el cual sirvió de base para la conformación de una hete– rogénea Comisión de Expertos que mixtura, de mala forma, todo tipo de personas e ins– tituciones y acaba por ser un amasijo en el cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, como representante de dicha Cor– poración, tiene la misma valía que algún profesor de derecho invitado con nombre propio, por formar parte del dub de fans del ilustre doctor José Alejandro Bonivento Fer– nández. El Ministro del Interior y de Justicia, doctor Fabio Valencia Cossio, con fino ade– mán y apostura, le presenta venias al estilo versallesco, y el presidente de la Comisión de expertos se las devuelve con idéntica reve– rencia, reconociéndose entre sí como orácu– los sagrados de la justicia colombiana. Además, anecdóticamente recordemos que la necesidad de la conformación de una Comisión de "Expertos de la Justicia" sur– ge, como consta en los considerandos del mencionado Decreto, corno resultado de un cruce epistolar entre et señor Ministro del Interior y de Justicia y el ex presidente y ex Magistrado del Consejo Superior de la La reforma a la justicia como tema de campaña Judicatura, José Alejandro Bonivento Fer– nández, Corporación que ahora propone suprimir de la Constitución Política. Pero el hecho de confundir personas e insti– tuciones no es el único defecto de esta nue– va iniciativa, porque también olvida invitar (en el mejor de los casos, para no sugerir que es un hecho deliberado) a instituciones que hacen parte de la esencia de la Rama Judicial, como el Consejo Superior de la Ju– dicatura y ta Fiscalía General de la Nación, por no mencionar a la honorable Corte Constitucional, que serla un gran faro para transitar el camino de la reforma a la acción de tutela que el Gobierno Nacional sigue empecinado en presentar. Otro de los inconvenientes de la Comisión creada por et Gobierno Nacional es precisa– mente esa, la falta de legitimidad, la cual se desprende de que esta iniciativa de reforma constitucional haya sido planteada por el Ejecutivo y por un importante y destacado jurista, ex magistrado de tres Altas Cortes, pero sin intentar siquiera un mfnimo consen– so en la Rama Judicial, como to ha pregona– do reiteradamente el señor Presidente de la República, doctor Alvaro Uribe Vélez. Loan– terior es caricaturesco, porque ¡imagínense ustedes a la Rama Judicial intentando incidir en la estructura, conformación y funciona– miento del Ejecutivo o del Legislativo! Lo que mal empieza mal termina. El resul– tado no ha podido ser más desalentador. No parece haber mucha diferencia entre este reciclado proyecto y tos anteriores. En efecto, esta propuesta no se preocupa por los problemas que realmente afectan a la justicia, ni por sus necesidades, haciéndo– nos creer nuevamente que los grandes pro– blemas de esta radican en el período de los Magistrados o en la edad de retiro forzoso. También pretende transformar al Consejo Superior de la Judicatura en el Consejo Na– cional de la Administración Judicial, como si el problema fuera el nombre, estableciendo una nueva organización que cercena ta con– tinuidad de las políticas públicas al integrar– se por los presidentes de tas Altas Cortes, quienes tienen períodos demasiado cortos (un año) para poder empaparse de los te– mas administrativos, que, dicho sea de paso, requieren de gran dedicación y deben apli– carse exclusivamente, como se reclama con frecuencia, adecir el derecho. Elimina la Sala Disciplinaria, diseminando sus funciones entre una colegiatura de abogados que no existe y los funcionarios de la Rama Judicial, lo que impide con ello queestos se dediquen al cumplimiento de su principal función. Por vocación natural, por la sutileza de las inteligencias y la habilidad razonadora, los colombianos somos dados a la caprichosa interpretación de lo que debe ser una re– forma a ta justicia, sin contar con los ele– mentos de juicio suficientes y necesarios para plantearla. Por eso, es a todas luces preocupante que el proyecto de Reforma a ta Justicia que ahora otra vez se ventila, el cual ciertamente es tan solo un catálogo de propuestas, obedezca más a percepcio– nes de la Comisión que a estudios juicio– sos sobre ta verdadera problemática de ta justicia. En realidad, la iniciativa persigue solucionar inquietudes o dificultades que pueden presentarse en el manejo y en las relaciones internas de la justicia, pero no los temas esenciales. Y, bien se sabe, lo esen– cial es descongestionar la justicia, facilitar el acceso a los ciudadanos e implementar la oralidad en todas las jurisdicciones, en- • tre otros. De lo que se trata es de buscar cíentífícamente las verdaderas soluciones a esa problemática, asf sea necesario declarar una emergencia judicial por el tiempo que se requiera, o utilizar mecanismos similares o mejores o complementarios. Las propuestas de ta Comisión son extre– madamente superficiales, muy a la ligera. Ningún ilustre miembro de la Comisión de Expertos, ni su presidente, ha solicitado a la Sala Administrativa del Consejo Superior de