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- SEXTO ENCUENTRO - SAN ANDRÉS 2008 - Garantizar que todos los casos de violencia por razón de género, sean objeto de investigaciones oportunas, completas e imparciales, así como asegurar el adecuado castigo de los responsables y la reparación a las víctimas. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su mandato constitucional, ha priorizado el seguimiento a las políticas públicas que se refieren a los derechos de las víctimas del conflicto armado y ha fortalecido su capacidad institucional con el fin de contribuir a la realización de sus derechos, trabajo que ha tenido un enfoque diferencial de género. Se ha dado un especial seguimiento a la situación de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, de violencia sexual y a las mujeres que participan en los procesos de desmovilización y reinserción. Así como a la aplicación de la ley 975 de 2005, ley de justicia y paz, teniendo presente un enfoque transversal de género. Se emitieron conceptos frente al Proyecto de Ley 1152 de 2007 de desarrollo Rural llamando la atención sobre la ausencia de equidad entre los géneros para el acceso a los distintos factores de producción como la tierra, la producción de la misma y la distribución equitativa de oportunidades y beneficios. Se ha hecho seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, por medio de la cual se permite el acceso de la mujer al empleo público en cargos de "máximo nivel decisorio" y "otros niveles", por parte de las entidades del Estado, de todos los órdenes, como resultado de este seguimiento: , - Se realizaron recomendaciones al Sistema Unico de Información (SUIP), respecto de la inclusión del tema de la ley de cuotas en el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de vigilar el cumplimiento y la participación de la mujer en los cargos de dirección de las entidades públicas. - Se realizaron requerimientos a las entidades que incumplieron, exhortándolas a que acojan una política incluyente para las mujeres en los niveles de decisión del Estado y del poder público. Se realizó la aplicación del modelo de seguimiento y vigilancia sobre los derechos de los y las jóvenes y adolescentes, de donde se concluyó: - La necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de la aplicación de las leyes vigentes, puesto que el balance sobre éstas y las políticas de juventud en Colombia, evidenció su debilidad tanto en el nivel nacional como territorial. - La persistencia del fenómeno de la violencia de género, sexual, y al interior de la familia, donde las mujeres adolescentes y jóvenes son las principales víctimas, especialmente aquellas en situación de desplazamiento. Las cifras continúan mostrando que los esfuerzos realizados no han sido efectivos y no se vislumbran esfuerzos articulados e integrales desde las instituciones competentes para responder a ellas. Con ocasión del segundo año de la expedición de la sentencia Sentencia C-355 del 2006, que despenalízó parcialmente el aborto, se realizó una vigilancia especial al cumplimiento de la misma. Esta vigilancia dio como resultado la identificación de obstáculos y dificultades que menoscaban el derecho al aborto legal y seguro¡ y se formularon consideraciones a modo de 361