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- SEGUNDO ENCUENTRO - CARTAGENA 2003 Bajo esta lógica que se debe aplicar a cualquier proceso que conlleve un cambio cultural, es que se aprecia la necesidad de buscar mecanismos de promoción frente a temas y trabajos como es el que se refiere a los derechos de las mujeres. Promocionar, dar a conocer, divulgar o comunicar los avances que se logren en relación con los derechos de la mujer, es el camino adecuado para sensibilizar a las personas sobre la importancia del tema; es la manera de dar a conocer a las personas el valor de aceptar las diferencias y de construir las igualdades para que cese la discriminación. Es por ello que vale la pena iniciar algunas acciones para lograr la promoción de los derechos de la mujer, en este documento se destacarán dos casos concretos en los que se puede lograr tal objetivo de manera sencilla, eficaz y con calidad humana. Desarrollos nor1nativos 1 actividades del gobierno y ava11ces sociales. Los grandes cambios sociales han estado acompañados, aunque no siempre de manera sincrónica, con cambios en los marcos normativos. La Carta Constitucional consagró en 1991 el "Estado Social de Derecho", y abrió paso a las acciones afirmativas para que, por fin, pudiera pagarse la deuda histórica con quienes habían sido víctimas de discriminación desfavorable, para buscar su igualdad ante la ley. Mujeres, indígenas y negritudes, así como poblaciones vulnerables en razón de su edad o su pobreza, han sido objeto de avanzadas leyes y jurisprudencias. La reforma constitucional fue el punto de llegada de una larga y esforzada búsqueda de reivindicaciones normativas para la mujer y la familia. Es así como durante las tres primeras décadas del siglo XX se avanzó sobre los derechos de la mujer para manejar su patrimonio, la ley 8 de 1892 permitió la comparecencia de la mujer, en calidad de testigo, en actos civiles; la ley 28 de 1932 le otorgó capacidad a la mujer casada, aunque limitada, y, el acto legislativo Nro. 3 de 1954 reconoció el derecho al voto por parte de la mujer, pero, solamente a partir de 1957 con el plebiscito las colombianas tuvimos el derecho a elegir y ser elegidas. La era de los derechos sociales inicia durante la década de los sesenta. En 1968 mediante la ley 75 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, desde entonces, ha sido el principal instrumento para garantizar los procesos de filiación y alimentos, así como para garantizar el cuidado de más de un millón y medio de hijos de mujeres trabajadoras en todo el país, vinculando, además, a cerca de 100.000 mujeres de los sectores populares que fungen como madres comunitarias, en un extraordinario modelo de formación de liderazgo femenino popular, que vincula al Estado y la sociedad civil en el cuidado de la infancia. Luego el Decreto 2820 de 1974 otorgó iguales derechos a las mujeres y a los hombres y en la Ley 51 de 1981 se ratificó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En 1985 se abrió paso la seguridad social para las empleadas domésticas, con la Ley 11 y con el Decreto 999 de 1988 se suprimió el "de" de las casadas. Al iniciarse la década de los noventa, el nuevo gobierno adoptó una política de Estado que avanzaba en la incorporación estructural de la temática de la mujer. El Decreto 1878 de agosto de 1990 creó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. En cierta forma, debido a lo anacrónico del funcionamiento estatal y de la urgencia requerida para atender ciertos asuntos con agilidad y profesionalismo, se ha optado en las últimas 32