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- QUINTO ENCUENTRO - SANTA MARTA 2007 que "Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia", ha de tenerse que en Colombia tienen plena vigencia la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belém do Pará" y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre otras 63 , porque hacen par t e de lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Sin embargo a pesar de todas las disposiciones constitucionales y legales vigentes 64 que promueven la igualdad de las mujeres y proscriben toda clase de práctica que pretenda segregar a las integrantes del sexo femenino--, la realidad aún sigue siendo abrumadora 65 . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que a pesar de l reconocimiento formal y jurídico de los Estados de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Si bien la Comisión reconoce los esfuerzos de los Estados por adoptar un marco jurídico y político q ue permita abordar la violencia contra las mujeres, aún persiste una enorme dist ancia entre la disponibilidad formal de ciertos recursos y su aplicabilidad efectiva. La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de just icia en el hemisferio. De cara a la realidad se ha establecido en varios países un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de estos casos. Asimismo, la Comisión ha podido observar con especial preocupación la baja utilización del sistema de justicia por 63 También: La Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer, suscrita en 1933 y ratificada por Colombia en 1935; la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948; la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, de 1948, en vigor para el país desde 1959; el Convenio 100 de la OIT de 1951, donde se consagró la igualdad de remuneración para la mano de obra masculina y la femenina por trabajo de igual valor, obligatorio en Colombia desde junio de 1963; el Pacto de San José de Costa Rica de 1969; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, ya ratificado por nues tro país, en el que se contemplan delitos relacionados con violencia sexual y de género. 64 Desde la Ley 28 de 1932 (régimen patrimonial de la mujer) hasta las leyes 731 de 2002 (de apoyo a las mujeres del campo), 747 de 2002 (trata y tráfico de personas), 750 de 2002 (prisión domiciliaria a la mujer cabeza de familia) , 823 de 2003 (de igualdad de oportunidades para las mujeres), 861 de 2003 (sobre el bien inmueble único perteneciente a la mujer cabeza de familia), 882 de 2004 (penalización de la violencia intrafamiliar) y 985 de 2005 (medidas contra la trata de personas), pasando por una infinidad de decretos como el 1974 de 1996 (crea el comité interinstitucional para la lucha contra el tráfico de mujeres), 190 de 2003 (alternativas económicas para la mujer cabeza de familia) y resoluciones (412 de 2000 sobre atención de mujeres maltratadas), para sólo mencionar algunos textos legales, se puede constatar que en Colombia la producción normativa referida a la protección de la mujer es abundante y en algunos casos vanguardista. 65 En Capítulo de los derechos humanos de la Declaración de Pekín y la Plataforma para la acción de la Cuarta Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Mujer, se dice: "La brecha entre la existencia de derechos y su disfrute efectivo deriva de una falta de compromiso de los Gobiernos en la promoción y protección de esos derechos y de que no informan por igual a mujeres y hombres acerca de esos derechos". 297