Memoria 2022

MEMORIA 2022 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 1686 9.1. Exhorto al Gobierno nacional La Sala de Consulta y Servicio Civil exhorta al Gobierno nacional a presentar al Congreso de la República, si a así lo considera pertinente, un proyecto de ley dirigido a incorporar el principio de transparencia tributaria en el ámbito de la Ley 1697 de 2013. 10. Suspensión de términos y del proceso judicial El numeral 7º del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011 dispone que: La solicitud de concepto suspenderá todos los términos legales, incluida la caducidad del respectivo medio de control y la prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto. En el evento en que se haya interpuesto demanda por la controversia jurídica base del concepto, dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud, las entidades parte del proceso judicial o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán comunicar al juez o magistrado ponente que se solicitó concepto a la Sala. La comunicación suspenderá el proceso judicial. Dentro de este marco, la suspensión de los términos legales tiene vigencia hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del presente concepto. Igualmente, corresponde a FONVIVIENDA, a la DIAN y/o a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informar al juez que ya se emitió y comunicó este último En mérito de lo anterior, IV. LA SALA RESPONDE: 1. ¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo no se configura el hecho generador de la estampilla “Pro Universidad Nacional de Colombia y dem s universidades estatales de Colombia”? 2. ¿Es posible que una entidad p blica exija a un Patrimonio Autónomo retener las sumas de dinero correspondientes a la estampilla “Pro Universidad Nacional de Colombia y dem s universidades estatales de Colombia” a los contratistas de contratos de obra de car cter privado, cuando estos contratos se encuentran regidos por el derecho privado y derivan de un esquema de fiducia mercantil, que conlleva la transferencia de recursos y obligaciones a cargo de un patrimonio autónomo? 3. Concibiendo que el patrimonio autónomo es una universalidad jurídica que le permite ser titular de derechos y obligaciones, y que se encuentra regido por las normas de derecho privado, puede asimilarse este a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2 de Ia Ley 80 de 1993, y por tanto entender que est obligado a retener la