Memoria 2022

MEMORIA 2022 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 1364 MEDIO DE CONTROL CAUSA CANTIDAD PRETENSIONES Reparación directa Daños por desvinculación del servicio 1 $311.858.559 Reparación directa Destitución 1 $90.852.000 Nulidad y restablecimiento Nulidad actos administrativos 2 $3.083.833.855 Reparación directa Suspensión 1 $55.583.115 Observa la Sala, que los casos que están sometidos a decisión judicial son muy pocos comparados con las decisiones de revocatoria favorables a los funcionarios, evento que amerita que la Administración adopte las medidas necesarias para evitar que lleguen a instancias jurisdiccionales y en su lugar se decidan en sede administrativa, como se explicará a continuación. III. CONSIDERACIONES Para dar respuesta a los interrogantes formulados por el Ministro, la Sala analizará los siguientes puntos: i) la finalidad de las autoridades administrativas, ii) la revocatoria de los actos administrativos – generalidades, iii) la revocatoria directa de actos sancionatorios disciplinarios, iv) criterios a tener en cuenta para el restablecimiento de los derechos, v) la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, vi) los actos de ejecución, vii) las respuestas a las solicitudes formuladas a las autoridades, viii) las soluciones legales en el caso de funcionarios suspendidos y su extensión a los casos de funcionarios destituidos, y ix) conclusión. A. La finalidad de las autoridades administrativas En la presente consulta surge como interrogante si los derechos de las personas deben ser reconocidos y protegidos exclusiva o preferiblemente por los jueces o si pueden ser efectivamente garantizados por las autoridades administrativas. En este punto, debe recordarse lo establecido por el artículo segundo constitucional que señala: Articulo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Rep blica est n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y dem s derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.