Memoria 2021

1551 MEMORIA 2021 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Se trata de actuaciones positivas o negativas de la autoridad que inducen a creer de buena fe en el administrado en la estabilidad de una determinada situación jurídica o de una esperanza fundada, sin que sea posible, en forma abrupta o intempestiva su modificación o desconocimiento por la autoridad. Para ello deben establecerse unas medidas transitorias que permitan al afectado adecuarse al cambio. La confianza legítima no permite consolidar una situación jurídica como sucede con el derecho adquirido. Tampoco puede ser alegada si para el ciudadano era previsible la modificación de la decisión por parte de la autoridad. El principio de la confianza legítima promueve el equilibrio entre los intereses públicos y los intereses privados, al permitir, por una parte, la actuación de la Administración para la consecución de los fines estatales, y por la otra, la protección de la buena fe de los ciudadanos ante la Administración, quienes esperan estabilidad en las decisiones del Estado 1708 . Por esta razón se ha considerado que se configura la confianza legítima y por lo tanto deben protegerse los derechos de las personas bajo este principio, cuando: i) Se está en presencia de una medida de la Administración dirigida a preservar el interés público superior. ii) La conducta del particular es acorde con el principio de la buena fe. iii) Tiene lugar una desestabilización cierta, razonable y evidente de la relación entre la Administración y los particulares. La protección de la confianza o la buena fe de los ciudadanos no se logra a través del congelamiento de la actividad del Estado, sino por medio de la compensación, inclusive no monetaria, del bien afectado. Dentro de este marco, la confianza legítima conlleva la adopción de medidas transitorias para enfrentar el cambio que se impone al ciudadano 1709 : Ahora bien, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los administrados no se protege garantizando la estabilidad de actos u omisiones ilegales o inconstitucionales sino a través de la compensación, no necesariamente monetaria, del bien afectado. Igualmente, este principio tampoco significa `ni donación, ni reparación, ni resarcimiento, ni indemnización, como tampoco desconocimiento del principio de interés general´ 1710 . 1708 A través del principio de confianza legítima se ha logrado un balance entre los intereses públicos y privados, al permitir que la administración avance en el desarrollo de su gestión, pero al mismo tiempo proteja la buena fe que el administrado había depositado en la administración pública, de la que espera una estabilidad con respecto a las condiciones vigentes. En la relación entre la administración y el administrado, se entiende que la primera tiene la facultad de cambiar condiciones mediante la adopción de medidas como políticas públicas, programas y actuaciones, cuando lo hace bajo los parámetros legales y constitucionales, siempre que proteja las expectativas del administrado, esto es, cuando se cumplen requisitos de estabilidad y buena fe. Corte Constitucional. Sentencia T-736/15. 1709 Ibidem. 1710 Ibidem.