Memoria 2021

1050 CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL PUBLICADOS EN EL 2021 TERCERA PARTE 2. La contratación pública y los fines estatales La actividaddel Estadodebedirigirse a satisfacer las demandas ynecesidades que requiere la colectividad. Para ello, en muchas ocasiones debe recurrir a la ayuda o colaboración de terceros, con quienes se relaciona a través de la celebración de contratos 1080 . Dentro de este marco, a través de la adquisición de bienes o servicios o la realización de obras, el Estado buscamaterializar los fines que persigue, de tal suerte que pueda garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público, la satisfacción del interés general o la realización de los derechos e intereses de los ciudadanos 1081 , tal como se desprende de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 80 de 1993: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” Esta finalidad se reafirma nuevamente en el numeral 3º del artículo 25 del estatuto contractual al señalarse: “ 3o. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados”. En línea con las disposiciones anteriores, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece expresamente como obligación de los servidores públicos, la búsqueda de los fines que persigue la contratación estatal: “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”. 1080 “Si observamos la realidad administrativa de los entes estatales, es evidente la conclusión de que la actividad de la Admi- nistración no proviene, ni se realiza, mediante la sola actuación de su voluntad unilateralmente formulada. Es cada vez más frecuente que la Administración establezca vínculos jurídicos con otros sujetos y acuda al concurso de otras voluntades para sus diversas actividades”. Allan R. Brewer-Carías. Tratado de Derecho Administrativo. Volumen III. Civitas, Thomson Reuters, 2013, p. 627. “El Estado necesita bienes y servicios de terceros para poder mantener su organización, su aparato de gobierno y su funcionamiento. Cierto es que para ello a veces recurre a la colaboración forzosa de los particulares, lo que da lugar a la carga pública personal e incluso a la requisición transitoria de dinero o de cosas (emprésito forzoso, uso de cosas muebles o inmuebles); pero también lo es que recurre a acuerdos”. Jorge H. Sarmiento García, Sobre los Contratos de la Administración, la ideología de la seguridad jurídica, la “huida” de aquéllos y “la artesanía jurídica”, en Tratado General de los Contratos Públicos (Juan Carlos Cassagne (dir)). La Ley, 2013, p. 42. 1081 “Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los ór- ganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. Es por ello que el estudio de la contratación estatal debe inscribirse en los principios axiológicos del Estado social de derecho, que irradian todas las disposiciones contrac- tuales previstas en la Constitución, las cuales se analizan a continuación”. Corte Constitucional. Sentencia del 9 de julio de 1992, C-449/92.