Memoria 2020 Tomo 2

Por consiguiente, la Nación toma la deuda de la aseguradora, siempre que corresponda a los derechos pensionales no contenidos en los cálculos actuariales aprobados bajo el imperio del Decreto 1437 de 2015, que se consoliden entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020. En armonía con lo expuesto, el artículo 13 de la referida Ley 2008 consagró que no se pueden tramitar obligaciones con cargo al presupuesto de gastos cuando estos no reúnan los requisitos legales 906 . Así las cosas, a través del artículo 108 de la Ley 2008 de 2019, se estableció, para la vigencia del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, que la Nación asumiría la deuda de Positiva para el pago de las pensiones correspondientes al ISS por concepto de derechos pensionales que no hubieran sido incluidos en el cálculo actuarial inicial. 4.3.3. Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 «Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 Pacto por Colombia» y Ley del presupuesto de rentas y recursos de capital para el año 2018 Teniendo en cuenta que el derecho del señor Urrea Hernández fue reconocido en sentencia ejecutoriada en el 2018, se consideró pertinente revisar, para ese año, la Ley del presupuesto y rentas, para establecer si existía una norma como la prevista en el artículo 108 de la Ley 2008 de 2019. En ese sentido, debe indicarse que no se observó una disposición similiar en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 «POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018». Adicionalmente, dado que la Ley 1873 de 2017, contentiva de la ley del presupuesto para la vigencia fiscal de 2018, debe guardar concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, incorporado en la Ley 1955 de 2019, la Sala estimó pertinente revisar si existía alguna disposición relacionada con la vigencia 906 Ley 2008 de 2019. «Artículo 13 . Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma». 795 Memoria 2020 · Consejo de Estado · Tomo II