Graves_violaciones a los Derechos Humanos

714 INFRACCIONES AL D.I.H. Infracciones al derecho a la vida Artefacto explosivo o mina antipersonal Caso Valdés Meneses y otros (explosión de «casa bomba» en El Dorado, Meta) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Sentencia de 25 de enero de 2017, Rad. 36115 M. P. Marta Nubia Velásquez Rico El 29 de enero de 2002, los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque murieron en la explosión de una «casa bomba» durante la operación militar denominada «Corcel Negro», en el municipio de El Dorado, Meta. Consideraciones jurídicas La misión encomendada a los soldados consistía en realizar operaciones ofensivas y de contraguerrilla en el municipio de El Dorado, contra los guerrilleros de la Cuadrilla 26 de las FARC. Durante la operación militar, algunos soldados ingresaron a una vivienda para registrarla, pues desde sus alrededores se atacaba a la unidad del Ejército Nacional. La falla del servicio es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, pues no cumplió con los protocolos de seguridad establecidos en la orden de operaciones, en los manuales de Policía Militar y en el reglamento de operaciones en combate irregular. Además, no adoptó las medidas necesarias para prevenir el daño e incrementó el riesgo que debían asumir los soldados, al realizar una operación militar sin analizar el terreno, ni tomar las medidas de seguridad en el momento de encontrar la vivienda que explotó y al permitir la concentración de las tropas alrededor de la casa. Sentido de la decisión Revocó la sentencia de primera instancia. Accedió parcialmente a las pretensiones y condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Reparaciones Reconoció perjuicios morales y materiales a favor de los demandantes. Como medidas de reparación no pecuniarias, ordenó: (i) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; (ii) proveer a las víctimas y a sus familias de un tratamiento sicológico; (iii) realizar un informe especial sobre las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la operación «Corcel Negro», y (iv) compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes. Otra providencia - Sentencia de 27 de enero de 2016, Rad. 36569, M.P. Hernán Andrade Rincón.