Graves_violaciones a los Derechos Humanos

611 INFRACCIONES AL D.I.H. Infracciones al derecho a la vida Homicidio en todas sus formas (población civil no combatiente) Caso Viancha Rangel (abogada asesinada por las AUC) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Sentencia de 15 de julio de 2022, Rad. 54450 M. P. José Roberto Sáchica Méndez El 4 de abril de 2003, la abogada Martha Stella Viancha Rangel estaba en la Fundación Catatumbo del municipio de Tibú, Norte de Santander, donde trabajaba como asesora jurídica de un proyecto de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. Miembros de las AUC la llevaron cerca al aeropuerto municipal y la asesinaron. Consideraciones jurídicas El término para demandar en ejercicio del medio de control de reparación directa empezó a correr a partir del 5 de abril de 2003 y venció el 5 de abril de 2005. Como la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 4 de julio de 2014 y la demanda el 15 de agosto de 2014. Por tanto, ambas solicitudes se presentaron cuando el plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido, sin que los demandantes hayan demostrado, o siquiera alegado, alguna condición que hubiere impedido materialmente el acceso a la jurisdicción en ese plazo. Tener en cuenta un momento distinto, implicaría una afectación al principio de seguridad jurídica, pues se dejaría a la voluntad de los demandantes el límite de tiempo demandar, desconociendo el mandato del artículo 164 del CPACA. Sentido de la decisión Revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa. Aclaración de voto de la Magistrada María Adriana Marín Ante la existencia de hechos que pueden ser calificados objetivamente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición y el desplazamiento forzado, debe activarse la garantía de imprescriptibilidad y, por ende, es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la caducidad del medio de control de reparación de las víctimas, en orden a brindar las mayores garantías posibles de acceso a la administración de justicia interna y en aplicación de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.