Graves_violaciones a los Derechos Humanos

449 GRAVES VIOLACIONES A LOS D.D.H.H. Desaparición forzada Caso Muñoz Valencia y otro (indígena desaparecido y asesinado por las AUC) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Sentencia de 4 de mayo de 2022, Rad. 58778 M. P. Fredy Ibarra Martínez El 3 de enero de 2002, José Orlando Muñoz Valencia y Roberto Enrique Bastidas desaparecieron cuando transitaban por el municipio de Pradera, Valle del Cauca. El 8 de marzo de 2008, en el marco de la Ley 975 de 2005, Éver Velosa García, alias «HH», jefe del bloque Calima de las AUC, confesó que ese grupo secuestró, torturó, asesinó y desapareció a los comuneros indígenas. El 6 de diciembre de 2010, la Unidad 18 de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación entregó los restos mortales de las víctimas a sus familias. Consideraciones jurídicas Aunque los paramilitares del bloque Calima de las AUC desplegaron su accionar delictivo en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, se evidenció que las entidades demandadas no tenían conocimiento de las amenazas contra la vida de la víctima, o de la situación de riesgo especial en que se encontraba, ni que hubiesen sido requeridas para brindarle protección y seguridad frente a ese grupo armado ilegal. Tampoco se acreditó que era un hecho notorio que por las labores que realizaba José Orlando Muñoz Valencia su vida se encontraba en peligro, menos aún se demostró que aquellas sabían de las amenazas contra su vida que la víctima recibió por parte de las AUC. La desaparición forzada y muerte de José Orlando Muñoz constituyó un hecho perpetrado por un tercero que resulta imprevisible, irresistible y ajeno para las entidades demandadas. Las obligaciones constitucionales y legales son tan solo de medio y no de resultado, según sus capacidades y medios de actuación y respuesta. A lo imposible nadie está obligado. En este caso no había cómo prever o conocer de antemano la ocurrencia del hecho. Sentido de la decisión Revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda. Aspectos procesales y probatorios relevantes Se otorgó valor probatorio a las indagatorias rendidas en el proceso penal. Salvamento de voto del Magistrado Alberto Montaña Plata Las autoridades tenían conocimiento de la amenaza que se cernía sobre la población, por la presencia de grupos armados identificados. La desidia estatal permitió la ocurrencia de los homicidios, pese a los avisos y evidencias que, en esta oportunidad, se acreditaron durante el proceso. En estos casos los civiles que han perdido la vida no han tenido razón alguna para temer o sentirse amenazados. En el caso de Orlando Muñoz Valencia y Roberto Enrique Bastidas, no se trataba de la concreción de un riesgo personal preexistente, sino del conocimiento estatal de la posibilidad cierta de que actores del conflicto violaran el principio de distinción y se cobraran la vida de personas protegidas por el DIH.