Graves_violaciones a los Derechos Humanos

X contenido integral de todas las providencias relacionadas. La trascendencia de la obra como recurso electrónico motivó a disponer, en esta edición, de un código QR que sustituye la memoria USB que acompañó a la edición anterior y a sus cuatro reimpresiones. Se busca, así, facilitar el acceso a la publicación a través de los dispositivos móviles. 5. Esta nueva edición rescata del olvido decisiones judiciales sobre episodios capitales de la violencia en este país: la revolución de 1895 , que una vez más cubre de luto nuestro territorio; muchos episodios de la guerra de los mil días que debilita tanto al país y que finaliza con los tratados de paz de Neerlandia, el barco norteamericano Wisconsin y Chinácota (la edición anterior solo tenía un caso principal, la nueva edición reseña 7 fichas e incluye 17 providencias referidas, para un total de 25 eventos); la separación de Panamá (3 de noviembre de 1903) que estremece al país; el conflicto con el Perú bajo la administración de Olaya Herrera que termina con el protocolo de Río de Janeiro de mayo de 1934; la violencia motivada por odios políticos de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado; los acontecimientos trágicos del « Bogotazo », el 9 de abril de 1948 —durante la IX Conferencia Panamericana—, que agudiza la violencia del país; el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, la censura a los medios de comunicación durante esa dictadura y su caída el 10 de mayo de 1957. Colombia no para de desangrarse. Esta edición también registra los asesinatos —que no se habían reseñado en la primera— del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza , el 17 de diciembre de 1986; de José Antequera Antequera el 3 de marzo de 1989; de Bernardo Jaramillo Ossa el 22 de marzo de 1989; de Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989; de Manuel Cepeda Vargas el 9 de agosto de 1994 y de Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995. La nueva edición también da cuenta de situaciones que la primera no tenía relacionadas con las corralejas de Sincelejo (20 de enero de 1980); el Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD; líderes sociales; recompensas ; el paro armado de las FARC (julio de 2003); las bandas criminales ( Bacrim ); el paro nacional agrario (abril de 2014); «colaboradores» o «informantes» de la Fuerza Pública; desmovilizados o reinsertados ; la «comunidad Zinú»; la zona de ubicación de Ralito y la «comunidad de Paz de San José de Apartadó». El lector encontrará igualmente en esta edición resoluciones judiciales sobre el secuestro en el edificio Torres de Miraflores de Neiva el 26 de julio de 2001; los atentados contra Aída Avella —el 7 de mayo de 1996—, contra el líder sindical Wilson Borja —15 de diciembre de 2000— y contra Álvaro Uribe Vélez —14 de abril y 7 de agosto de 2002—; las interceptaciones telefónicas «chuzadas»; el secuestro de los diputados del Valle , el 11 de abril de 2002; el atentado al club El Nogal el 7 de febrero de 2003; la muerte de erradicadores manuales de cultivos ilícitos; las fumigaciones con glifosato y el atentado al Palacio de Justicia de Cali el 1 de septiembre de 2008. La obra también registra un número mayor de tomas guerrilleras (un total de 47, en la primera edición fueron 27), de masacres (un total de 44, en la primera edición fueron 22) y de eventos relacionados con la Unión Patriótica (en la primera edición se reseñaron 9 principales, en esta aparecen 14; en la primera se citaron 6 providencias con hechos similares, en esta se incluyeron 14, para un total de 43 providencias). Todos los pronunciamientos judiciales en esta materia tienen la misma importancia. Si bien algunos episodios pueden ser considerados más representativos, por diferentes motivos, no por ello son más relevantes que otros. Ningún sector de la sociedad ha sido ajeno al fenómeno de la violencia en este último siglo. La obra pretende abarcar el mayor número de situaciones. La segunda edición, como la anterior, recupera algunos de los pronunciamientos que el Consejo de Estado, como cabeza de la jurisdicción administrativa, ha adoptado especialmente en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual del Estado. Más de cien años signados por una violencia que agobia a nuestra nación. Las decisiones judiciales permiten dar una mirada de conjunto a nuestra historia a partir del examen objetivo de los fallos judiciales, de las intervenciones de las partes, así como del Ministerio Público y de las pruebas que los soportan. Gracias a estos «cronistas» de nuestra época podemos profundizar en la comprensión de muchos