Graves_violaciones a los Derechos Humanos

VIII Terminada la hegemonía conservadora, la guerra continúa y en septiembre de 1932 estalla el conflicto con el Perú por la pretensión de los peruanos de apoderarse del llamado trapecio amazónico (el segundo, porque en julio de 1911 ya había tenido lugar otro). Una década larga después acontece el golpe de Pasto (1944) contra el presidente Alfonso López Pumarejo. De regreso los conservadores al poder, el 9 de abril de 1948 se desata una fuerte lucha partidista, por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, en medio de lo que muchos denominan la violencia («guerra civil no declarada»). Período en que el presidente Ospina cierra el Congreso (1949) y el General Rojas Pinilla da un golpe de Estado , el 13 de junio de 1953, al presidente Laureano Gómez Castro. Dictadura en la que mueren violentamente varios estudiantes de la Universidad Nacional que protestaban por el asesinato de Uriel Gutiérrez Restrepo, el 9 de junio de 1954. También en este interregno militar suceden la explosión de Cali el 7 de agosto de 1956 y los disturbios a su caída, el 10 de mayo de 1957. El voraz incendio de la violencia se desata sin control. Viene luego la lucha contra el bandolerismo (muerte de Efraín González, el 9 de junio de 1965) y la consolidación de las guerrillas, con episodios como el robo de armas del cantón norte el 1 de enero de 1979; la toma de la Embajada de la República Dominicana el 27 de febrero de 1980; las numerosas tomas de municipios ; el holocausto del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el que mueren once magistrados de la Corte Suprema de Justicia; los secuestros y las masacres. La respuesta a la subversión vendrá con la contrainsurgencia institucional (manchada por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales) y el surgimiento de grupos paramilitares, que pone en jaque el monopolio de la coerción material, como rasgo esencial del poder: ¿privatización de la defensa colectiva del orden público? En este contexto borrascoso aparece otro actor violento: el narcoterrorismo que quiso doblegar las instituciones republicanas ( los atentados al director del DAS el 30 de mayo y el 6 de diciembre de 1989; la explosión del avión de Avianca en Soacha el 27 de noviembre de 1989; el asesinato de Enrique Low Murtra el 30 de abril de 1991 y la bomba del Centro 93 el 15 de abril de 1993). No puede pasarse por alto el exterminio de la Unión Patriótica . Durante estos convulsos años también son asesinados Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995 y Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999. Esa década termina con la toma de La Calera , muy cerca de Bogotá y el experimento de la zona de despeje del Caguán. El siglo XXI no ha sido menos violento: reclutamiento de menores; retenes ilegales; «pescas milagrosas»; asesinato de periodistas; la toma de la sede de la Cruz Roja, «falsos positivos»; más masacres y tomas guerrilleras de municipios, asesinatos de «líderes sociales»: ¿un nuevo milenio que prolonga dos siglos de tempestades? El Consejo de Estado ha emitido una abundante jurisprudencia —de excepcional importancia— sobre estos y muchos otros episodios sangrientos. Las decisiones dan cuenta de un imparcial control de la Administración que ha contribuido a preservar nuestra democracia. Neutralidad de la justicia frente a los hechos. El oficio de control judicial de la Administración debe centrarse en qué y no en quién, lejos —como suelen ser estas materias— de los prejuicios que pueden llevar a reescribir el pasado. La jurisprudencia administrativa es un espejo de nuestra violenta historia republicana desde fines del siglo XIX. Si bien para los abogados estos trabajos son de gran utilidad, dadas las enormes dificultades para el acceso a las decisiones del Consejo de Estado, la obra puede ser no sólo útil para jueces, litigantes, asesores y profesores, sino también para quienes se preocupan por la historia de nuestro país. Aunque las providencias judiciales son pruebas documentales que sólo acreditan la decisión judicial adoptada y las actuaciones procesales correspondientes, y, por tanto, no sirven para probar los hechos que les sirvieron de fundamento, son sin duda documentos significativos para estudios que se quieran hacer de la realidad del país. Los fallos permiten apreciar el debate judicial: las posiciones de las partes, las pruebas y su valoración —tanto de las partes en sus alegaciones, como de las instancias judiciales—, el criterio del Ministerio Público