Derecho Jurisdiccional Disciplinario

Derecho jurisdiccional disciplinario, desde un enfoque ético, deontológico y preventivo 28 Es necesario entonces, devolvernos a nuestras raíces y empezar a reflexionar, con toda la sociedad: abogados, funcionarios, empleados judiciales, estudiantes de derecho, la aca- demia y todos los que hacemos parte de la administración de justicia, respecto a la nece- sidad de actuar bajo los parámetros de la ética y la ética judicial. De nada sirve el establecimiento de nuevas normas, con más y mejores garantías pro- cesales, si no actuamos bajo los principios deontológicos en el ejercicio de la profesión, no podemos olvidar que, como lo señaló Sancho Gargallo: “Un buen profesional es mucho más que un buen técnico”. La ética se trata de esforzarse a diario para formar el carácter necesario para tomar decisiones justas, honestas y equitativas. Es por esto que, en esta segunda jornada de la jurisdicción disciplinaria, nos reunimos para reflexionar y analizar cada una de nuestras labores, bajo la perspectiva de la ética y la deontología, centrándonos en una mirada integradora entre los principios que rigen el ejercicio de la profesión del derecho, el carácter humano de la justicia y una cultura de la prevención. El buen abogado, en paralelo con lo que la academia ha denominado el paradigma del “buen juez”, exige que actuemos con ética y moral, en la búsqueda siempre, del bienestar y de la vigencia de un orden justo. Es urgente superar el enfoque exclusivamente orientado a la creación de un mayor número de normas, como opción principal de la prevención, es preciso una respuesta que aborde las fuentes de los problemas y la necesidad de avanzar en la integridad, aún más, cuando estamos ad portas de superar la revolución 4.0 y a comenzar una 5.0, en la cual, discusiones como la ética en el ciberespacio, el metaverso, el mundo digital, virtual y tecnológico y además la inteligencia artificial, serán los nuevos paradigmas de nuestra sociedad y los desafíos de la administración de justicia. Como lo ha destacado la OCDE: “la integridad resulta crucial para la gobernan- za pública, protegiendo el interés general y reforzando valores fundamentales como el compromiso con una democracia plural basada, en el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos”.