Conceptos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

VII. Otros asuntos 147 Civil del Consejo de Estado el 11 de diciembre de 2014 a raíz de una consulta gubernamental. La decisión adoptada por la mayoría priva al legislador de la posibilidad de adoptar medidas dirigidas a resolver los conflictos que se presentan entre el mandato de proteger el páramo y la obligación constitucional de respetar los derechos o expectativas de aquellos que habían emprendido, previa autorización por parte del Esta- do, actividades en dichas zonas. Vigencia del CPACA. Derogación de procedimientos administrativos anteriores Sentencia: Corte Constitucional Fecha: 20/02/2018 Radicado: T-044-18 Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado Concepto citado: Sala de Consulta y Servicio Civil Fecha: 04/04/2017 Radicado: 2316 Ponente: Álvaro Namén Vargas En el mismo sentido, la Corte encuentra que esa misma postura sobre derogatoria ha sido replicada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, corporación que también expresa que en el caso bajo estudio se está ante la derogatoria tácita del artículo 10 de la Ley 962 de 2005, en virtud de lo regulado por el CPACA respecto de los recursos en sede administrativa. A este respecto se expresó por dicha Sala que “de acuerdo con lo consagrado en la exposición de motivos, lo manifestado por quienes estuvieron a cargo de la redacción del código y lo consagrado en el ámbito de aplicación de la Ley 1437 de 2011, se concluye sin ninguna duda que la intención del CPACA fue precisamente regular en un texto único el procedimiento administrativo y, en consecuencia, derogar aque- llas disposiciones que se habían expedido con anterioridad en diferentes cuerpos normativos, dentro de ellas, los estatutos o normas antitrámites proferidas con la finalidad de agilizar los procedimientos de la administra- ción pública, entre ellos, las disposiciones de la Ley 962 de 2005 que, como el artículo 10, ordenaban a las entidades facilitar la recepción de docu- mentos regulaban temas como la utilización del correo certificado y correo electrónico para las entidades públicas. (…) En consecuencia, el artículo 10 de la Ley 962 de 2005 fue derogado de manera tácita al expedirse el nuevo Código, en el cual se regula en su integridad el derecho de petición,