Conceptos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

10 Los conceptos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional incluso, contratar productos y servicios mediante supuestos normativos de carácter excepcional, previstos para los casos de emergencia. Además puede expedir actos administrativos generales para desarrollar o regla- mentar los decretos legislativos expedidos con fundamento en ese estado extremo. Todo, por supuesto, en la medida en que exista una relación directa con la crisis que se pretende conjurar y que no se vulneren las garantías fundamentales, aspectos cuyo cumplimiento deben velar las autoridades judiciales en el ámbito de sus competencias. Ante este panorama, en el que se han robustecido las potestades del ejecutivo, es importante que las demás ramas del poder público y los órganos de control contribuyan, desde su ámbito competencial, a que no se desconozca el Estado de derecho, a que no se vulneren las garantías fundamentales de las personas y a evitar los abusos de poder, sin impor- tar la motivación o el fin perseguido. En esta tarea resulta fundamental el papel que debe cumplir la Rama Judicial del poder público, la que con su carácter autónomo e indepen- diente, propio de los sistemas democráticos y republicanos como el que establece la Constitución Política colombiana, está llamada a controlar, a través de sus pronunciamientos, los demás poderes que conforman el Estado, en especial al ejecutivo. Colombia tiene el privilegio de contar con el Consejo de Estado, Corpora- ción bicentenaria que hace parte de la Rama Judicial del Poder Público. Según la Constitución Política de 1991 tiene dos funciones principales, que ejerce con autonomía e independencia, a saber: i) desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo y ii) ac- tuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de admi- nistración (art. 237).   Hoy, más que nunca, cuando transitamos por momentos de crisis, en los que el poder ejecutivo ha robustecido sus potestades, los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado cobran mayor relevancia, por cuanto se erigen en un criterio jurídico au- tónomo, independiente, objetivo y expedito para la toma de decisiones del Gobierno Nacional, ajustadas a la Constitución y la ley. Por lo anterior, destaco lo oportuno de la publicación de este valioso tra- bajo, porque, es ahora, cuando Colombia y el mundo atraviesan por una situación crítica sin precedentes en nuestra historia, en que resulta im- prescindible conocer la incidencia e impacto de los conceptos emitidos por el cuerpo supremo consultivo del Gobierno nacional, en la labor ju-