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CONCLUSIONES 249 28. La gravedad y extensión en el tiempo del conflicto armado interno colom- biano que ha producido millones de víctimas, necesita de unas reparaciones colectivas de carácter ético, político y jurídico que sean capaces de enfrentar las causas y las consecuencias de la victimización. Para ello es necesaria una verdad amplia producto de la investigación y análisis de las condiciones es- tructurales que han producido las violaciones a los derechos humanos. Una verdad que permita reconocer las responsabilidades, profundizar en las re- paraciones y reformar las instituciones que han sido instrumento de graves violaciones de derechos humanos esto es, una verdad transformadora. De ahí la importancia de los hallazgos de la Comisión de la Verdad en Colombia y de su articulación con los casos judiciales, como una fuente de conocimien- to, entre muchas otras. 29. Sin desconocer la importancia que el SIVJRNR trajo a las víctimas del con- flicto armado en Colombia y para la sociedad en general, no se estableció un mecanismo de articulación con la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que continuó en ejercicio pleno de sus competencias en materia de responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado y, especialmente, con el estudio y decisión de casos relacionados directamente con la conducta de agentes públicos dentro del conflicto armado interno que pueden compro- meter a las instituciones públicas en aplicación del principio de reparación integral bajo el cual la jurisprudencia ha desarrollado un trabajo de diálogo y articulación con el derecho internacional y con estándares internacionales de reparación, de búsqueda de verdad y de justicia para los responsables. Esa falta de articulación puede, eventualmente, llevar a que se produzcan dobles indemnizaciones o compensaciones económicas a través de los diferentes mecanismos de reparación administrativa o judicial; así como puede llevar a perder diferentes avances que en materia de esclarecimiento pueden ali- mentar a los mecanismos. 30. Si bien, bajo la mirada de la Comisión de la Verdad, los aportes de la justicia administrativa son múltiples en la realización de los derechos de las vícti- mas, los procesos judiciales no presentan una caracterización exhaustiva de las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades que han sido afectadas. La ritualidad de los procesos y los intereses probatorios que se debaten están centrados en la comprobación puntual de los daños, en las razones que los produjeron y especialmente en los montos de los perjuicios. No existe un interés relevante en materia probatoria que ilustre sobre las condiciones de vida de las víctimas y de su entorno social, los detalles sobre la verdad de los hechos o el reconocimiento del impacto de las violaciones, lo cual sería muy importante para la definición de medidas de reparación
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