Antología - Tomo V

LXXV Antología Jurisprudencias y Conceptos • 1817 - 2017 • TV parte del Consejo de Estado, dado ese alcance a través de una ley que taxativamente confiriera dicho efecto. La Sala Electoral estableció, vía jurisprudencial, las consecuencias jurídicas que apareja dicha situación, en respuesta a la necesaria protección que se requiere en el ejercicio político. La decisión que consideró que la trashumancia electoral generaba la nulidad del acto de elección, en tanto se evidenciaba una clara transgresión del artículo 316 superior, o aquella que fijó las bases para considerar que la prohibición de doble militancia política, en los términos del artículo 107 constitucional, podía conllevar una irregularidad del acto cuestionado, son un claro ejemplo de ello. La más destacable conclusión que se obtiene de las providencias aquí seleccionadas, es que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el ámbito del derecho electoral, ha ido de lamano con la evolución institucional del país, reflejando en sus decisiones, además de aspectos relevantes como la garantía de independencia e imparcialidad, la aplicación directa de los principios de razonabilidad y ponderación al momento de solucionar el conflicto que se presenta entre la legalidad del acto administrativo y la estabilidad de la vida democrática en Colombia. En doscientos años de historia, el Consejo de Estado, como juez supremo del acto electoral, ha garantizado la existencia del Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones democráticas, así como ha cumplido un rol relevante en el desarrollo de las instituciones jurídicas, lo que lleva a pensar que su jurisprudencia se constituye en un patrimonio jurídico e histórico que hace parte de la evolución misma del derecho colombiano que por supuesto se debe a la ciudadanía, por quienes la Sala Electoral aplica los más altos estándares de efectividad judicial en el ejercicio de sus funciones. Históricamente es evidente que la Corporación ha abogado por la defensa del ejercicio electoral orientado por los más elevados principios electorales por lo que es dable concluir que es necesaria su preservación y fortalecimiento en aras de continuar atendiendo las constantes demandas ciudadanas por la aplicación de una justicia pronta y efectiva. Ante los retos que depara el futuro de nuestro país, es necesario ver el pasado de nuestras instituciones, para entender el vital papel desempeñado por estas, y, partiendo de ello, procurar desde el presente y hacia el futuro que estas competencias se vean fortalecidas en el cumplimiento de su misión y en la generación de confianza frente al ciudadano. La publicación