222023 paginas.indd

25 Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial sido aún entendida completamente, por tratarse de un crimen con un alto nivel de sub-registro. Cuando es denunciado, las víctimas encuentran grandes obstáculos para acceder a la justicia, incluyendo altísimos niveles de impunidad. Tal situación ha sido advertida de igual manera por Amnistía Internacional 38 , cuyos informes revelan un alarmante 98% de impunidad en tratándose de delitos sexuales en el marco del conflicto armado, atribuido no solo a los actores armados del conflicto, sino también al “permanente silencio” de las autoridades del Estado colombiano 39 . “.,.el hecho de que las instituciones del Estado no ofrezcan una asistencia ulterior efectiva – como asistencia médica, psicosocial y económica – a las víctimas, y especialmente a las sobrevivientes de la violencia sexual, ha contribuido también a la reticencia de las víctimas a buscar justicia. Estas múltiples barreras para la justicia quedan patentes sobre todo en los casos de violencia sexual en el contexto del conflicto”. Esta debilitación de la regulación institucional ocurre en un contexto en el cual las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, en particular las mujeres que viven en áreas rurales o en zonas marginalizadas, enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios de salud y asistencia médica después de haber sufrido un crimen de violencia sexual. Lo anterior denota que los escenarios en que con mayor frecuencia se presentan delitos sexuales son precisamente aquellos donde no existe una presencia permanente y estable del Estado. Implica lo anterior que la persistencia de una situación de conflicto, además de suponer un paso regresivo desde el punto de vista del derecho internacional, implica la negligencia 38 https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/2179/2015/es/ 39 Véase página 19 del informe Colombia: “ Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia ” 21 septiembre 2011, Índice: AMR 23/018/2011 disponible en: https://www.amnesty.org/es/do- cuments/AMR23/018/2011/es/, donde una de las conclusiones de la investigación es que “ el hecho de que las instituciones del Estado no ofrezcan una asistencia ulterior efectiva – como asistencia médica, psicosocial y económica – a las víctimas, y especialmente a las sobrevivientes de la violencia sexual, ha contribuido también a la reticencia de las víctimas a buscar justicia. Estas múltiples barreras para la justicia quedan patentes, sobre todo en los casos de violencia sexual en el contexto del conflicto ”. También, las dificultades para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en acceder a asistencia médica, en páginas 20, 32 y 33. En página 51, el informe lista los obstáculos adicionales que enfrentan a las mujeres indígenas en su búsqueda a la asistencia médica y a la justicia.