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Reforma a la justicia ¿ Un proyecto regresivo o progresista 7 En vigencia de la Constitución Política de 1991, la ciudadanía ha escuchado, de ma– nera recurrente, por parte de los diferentes Gobiernos, la necesidad de reformar la justi– cia, no obstante, en la última década seco– menzó a hablar de una tangible reforma a la justicia, un proyecto tan complejo como ne– cesario que tuvo que esperar un nuevo pe– riodo presidencial para que se materializara. El Ejecutivo en cabeza de Santos partió, no solo con el desafio natural del gobernar, sino de ajustar las instituciones a estándares de calidad y funcionalidad, entre ellas la admi– nistración de justicia, necesitada de niveles expeditos de resolución de un alto número de procesos que reclaman una ágil y adecua– da solución. Y aunque de seguro resurgirán los acostumbrados desacuerdos entre el Eje– cutivo y el Judicial, no podemos continuar en un escenario de cambios coyunturales que solo conducirán a un ligero respiro, donde el fracaso siempre ha sido el resultado inexo– rable. Así las cosas, se lanzó al ruedo una reforma estructural, institucional y constitu– cional de la justicia. Habiendo esbozado el contexto que pre– cede el proyecto de reforma, es menester conocerlo, no sin antes advertir que como proceso que colige soluciones para la ciu– dadanía, no está de más hacer partícipe a la opinión pública, y aunque en repetidas oportunidades así lo ha presentado el Mi– nistro Germán Vargas Lleras, pareciera que los canales de debate están sellados, la úni– ca opinión diferente a la del Ejecutivo que pareciera tenerse en cuenta es la de algunos medios de comunicación; ni hablar de las propuestas conciliadas durante más de un año con Magistrados de altas cortes, ya que públicamente estos han condenado que no se tuvieron en cuenta. Esto, sumado al acos– tumbrado desinterés en los procesos públi- cos participativos por parte del ciudadano, hace de esta reforma un acto imbuido del riesgo de ser unidimensional. Partiendo de este presupuesto, tiene sentido que se haya radicado más de un proyecto de reforma que incorporan otros sectores, corno el caso presentado por el Consejo de Estado, el cual resulta una mirada antagóni– ca, lo que hace que se nutra mejor el debate en que el Congreso tendrá la última palabra. No dejo de sentir incomodidad y me em– barga la duda que se traspase el esquema organ,zacional, institucional, para tener que recurrir a la modificación del texto consti– tucional, dejemos claro que cuando mo– dificamos una norma de menor categoría, estamos sembrando inseguridad jurídica, situaciones transitorias de confusión; pero cuando la modificación es de la Carta Cons– titucional, estamos cambiando un cimiento de nuestro Estado Social de Derecho que trastorna la identidad nacional. Así, pues, aunque no soy opositor de la reforma, es más, la considero una necesidad, es dificil hacerse a la idea del cambio, más aún cuan– do frente a las propuestas del Gobierno y el Consejo de Estado, es necesario optar por este tipo de reforma. Tras un año de maquinar esta reforma en las mesas de debate entre los juristas y repre– sentantes del Ejecutivo y con la radicación de dos proyectos de reforma, bueno tres, con la alternativa de la comisión de acu– sación del ser esta quien juzgue altos dig– natarios judiciales, es plausible que la con– certación no fue el resultado. El Ejecutivo presenta una reforma que muestra la necesi– dad de erradicar en cabeza de los juristas, su función nominadora, trasladar al Senado y al Congreso en pleno, la elección del Procura– dor y del Contralor, con la intención de des-