Libro

de la Fiscalía, se encuentran en dihgencias previas sin haberse planteado para ellos me– didas de choque. Estrategias para superar los desequilibrios Hemos afirmado que para superar estos fe– nómenos deben ser involucrados los tres po– deres del Estado, pero además los colectivos de abogados y las facultades de Derecho. No es correcto hacer descansar todo el discurso público de la descongestión, como barrera al ejercicio de los derechos en el poder judicial. De esta forma, estaríamos hablando de estra– tegias complejas, dado que intervienen plurali– dad de partes yque el fenómeno tiene diversas fuentes. Una partemuy importante correspon– de a la necesaria reestructuración de la admi– nistración pública, que bajo los parámetros del nuevo Código está llamada a superar restric– ciones que se tienen hoy en día, a través de, por ejemplo, la extensión de la jurisprudencia en sede administrativa, la modernización de los procedimientos administrativos vía electró– nica y la ampliación del derecho de petición, entre otras; esta Ley. la 1437 de 2011, da los fundamentos para superar el déficit de con– fianza que tienen los ciudadanos, de cara a las instituciones públicas Por la vía legislativa impulsar medidas que parametricen los plazos razonables, que in– vocan las Cortes internacionales y que hagan perentorios los términos procesales, como ya lo estableció la Ley 1395 de 201 O, de descongestión. En la Ley 1285, reformatoria de la Ley 270, de 1996 aparecen varias re– glas y mandatos como la desconcentración, la creación de jueces itinerantes, la confor– mación de jueces de competencia múltiple y pequeñas causas, las órdenes de prelación en los jueces colectivos, la prioridad en los turnos y las salas temáticas de desconges– tión. El Legislador debería revisar las figuras de la perención y del desistimiento tácito para evitar abusos del aparato de justicia, y. obviamente, en sede judicial profundizar el Plan Nacional de Descongestión. Varías reformas se han gestado en el Area del Derecho Penal y de las instituciones judi– ciales que se diseñaron en la Constitución de 1991. Sin embargo, el volumen de procesos en indagación e investigación crece constan- 14 I Re•ista Judicial I Diciemb,e 2011 ~~-p<O•azt\ 7'ort.r)O ·•~QYC,&'J'> fP ~ MIENTO DE LOS CAMPMA POR E~S~~6~~0 DEL MILENIO OBJETIVOS DE Os; Millones de colombianos se encuentran excluidos del Estado de Derecho. temente, seguramente que con la creación del Ministerio de Justicía y del Derecho se pueda replantear lo correspondiente a la política criminal del Estado dentro de la cual se deben enmarcar los sistemas jurídicos y la lucha contra la impunidad. La tipología y el quántum de las penas, llaman a que se generen procesos de deconstrucción y por esa vía de reestructuración en los escenarios de investigación criminal, de la coordinación de la policía técnica judicial y en la configu– ración de los delitos de alto impacto social y, particularmente, lo que hace relación con la acción de la criminalidad organizada. La justicia en un Estado Democrático Sobra decir que la actual reforma a la Jus– ticia toca marginalmente este fenómeno, dado que se dirige básicamente a replantear las estructuras de las cúpulas de la Justicia; se requiere que de cara a los ciudadanos se deconstruyan los escenarios estatales frente a retos muy significativos y ante la continua alza de demanda de acceso a la justicia. Hemos observado que las expectativas de los ciudadanos crecen frente a sus derechos y libertades, lo cual significa que es preciso acelerar las respuestas del Estado en tres di– mensiones, para remover las causas y atacar sus efectos. Una labor permanente que le corresponde al Poder Legislativo, para que adecúe los sis- temas jurídicos a una sociedad que cada vez se integra más en el concierto internacional; y que la sociedad de las transacciones y los negocios requiere, para agilizar la solución de sus conflictos; yuna acción leg1slat1va que la sociedad de los excluidos requiere para el reconocimiento y la materialización de cami– nos para ser incluidos en una sociedad cuyo fundamento sea la cohesión social. Al Poder Ejecutivo, haciendo énfasis en la política pública de empoderamiento legal de los pobres, afirmando las estrategias de alternativas de solución de conflictos y ge– nerando, ex ante, soluciones y respuestas en sede administrativa. Al Poder Judicial, adecuando y proponiendo los ajustes a los diferentes sistemas jurídicos y logrando que los aparatos de Justicia sean más eficientes, y proporcionando respuestas entendibles y justas para el ciudadano. Todo ello requiere reducir las complejidades en aparatos de gobernabilidad y de geren– cia, sobre los cuales se ha soslayado la expe– riencia que, en las buenas y en las malas, ha tenido el país a través de la Sala Administra– tiva; es preciso generar una masa crítica para que con instrumentos científicos evalúe de manera continua el ejercicio de las libertades y de los derechos y que propicie los ajustes que una sociedad democrática reclama a sus autoridades. (• )¡