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Audiencia de imputación de cargos a los militares, presuntamente involucrados en los asesinatos de jóvenes de Soacha. es necesario que la sociedad y los afecta– dos conozcan la verdad, y en general que se garantice el derecho de las víctimas a la justicia. Es claro que el interés en erradicar la impuni– dad por un delito de lesa humanidad corno el delito de desaparición forzada compete a la sociedad en su conjunto, y por ende para satisfacer dicho interés es necesario que se conozca toda la verdad de los hechos, y que se atribuyan las responsabilidades indi– viduales e institucionales correspondientes. En tales circunstancias, tanto el interés en que se conozca la verdad como en que se atribuyan responsabilidades individuales e institucionales por los hechos constituyen verdaderos intereses generales de carácter prevalente en los términos del artlculo 1 º de la Carta Política. Así, el conocimiento público de los hechos, el señalamiento de responsabilidades ins- ,, El interés en erradicar la impunidad por un delito de lesa humanidad como el delito de desaparición forzada compete a la sociedad en su conjunto, y por ende para satisfacer dicho interés es necesario que se conozca toda la verdad de los hechos•• titucionales e individuales y la obligación de reparar los daños causados son meca– nismos útiles para crear conciencia entre las personas acerca de la magnitud de los daños causados por el delito. De igual ma– nera, son mecanismos de prevención ge– neral y especial del delito, que sirven para garantizar que el Estado no apoye, autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas. Para mejor comprensión del tema, la impu– nidad ha sido definida por la Corte lntera– merícana de Derechos Humanos como " La falta en su conjunto de investigación, per– secución, captura, eníuiciamiento y conde- na de los responsables de las violaciones de los derecho protegidos por la Convención Americana". De modo que le corresponde al Estado la obligación de prevenir la impu– nidad, toda vez que esta propicia la repeti– ción crónica de las violaciones de derechos ► Mano 2010 ¡ Revista Judicial l 37