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Libertad de militares en juicio no es sinónimo de impunidad Ovidio Claros Polanco Magistrado Sala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura ,, El derecho a la verdad es la posibilidad de conocer lo que sucedió y de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos,, E n el conjunto normativo de la Carta Política existen valores constitucionales de singular importancia que encuentran so– porte en la obligación que les asiste a las autoridades estatales de hacer efectivos los derechos y deberes de las personas, prote– gerlas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo tal y como lo señala el artículo 2° ibídem. En este contexto, a las autoridades judicia– les, como representantes del Estado social de derecho, les asiste el compromiso de in– vestigar y juzgar los delitos no solo con el ánimo de reivindicar aquellos bienes jurídi– camente tutelados de singular importancia para la comunidad, sino también para ad– ministrar justicia en favor del perjudicado, quien es concretamente el titular del bien jurídico afectado. Así, los principios citados son una conse– cuencia del derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, el cual no puede ser interpretado como una simple atribución formal de acudir a las au– toridades judiciales, sino como una garan– tía que obliga al juez de la causa a definir el asunto planteado. De la mano de estos derechos y principios, la jurisprudencia constitucional, al interpre– tar armónicamente los artículos 1, 2, 15, 21, 93. 229, y 250 de la Carta, ha decan- precisando el alcance de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación inte– gral. dentro de una concepción que recoge el derecho internacional de los derechos humanos. En este orden, el derecho a la verdad es la posibilidad de conocer lo que sucedió y de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resul– ta particularmente importante frente a gra– ves violaciones de los derechos humanos. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto es el derecho a que no haya impunidad. Y el derecho a reparar el daño causado, a través de una compensación económica, es la forma tradicional como se ha resarci– do a la víctima de un delito. En punto de estos derechos. la sentencia C-580 de 2002, de la Corte estableció que el derecho de las víctimas en el delito de desaparición forzada de personas y la nece– sidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia permitían que el legislador es– tableciera la imprescriptibilidad de la acción penal siempre que no se hubiera identifi– cado e individualizado a los presuntos res– ponsables. Cuando el acusado ya ha sido vinculado, empezarán a correr los términos de prescripción de la acción penal si el deli– to está consumado. Al extender el término de prescripción, se tado entre otros los derechos a las víctimas, busca erradicar la impunidad, para lo cual