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de cara a los cargos objeto de incriminación por parte de los agentes de investigación del Estado. Surgen. pues, instituciones como la conciliación, la negociacíón, los acuerdos y los preacuerdos que se consagran en la Ley 906 de 2004. Ello conduce a expresar un modelo que examine los alcances de estos estímulos que permitan evaluar el impacto que tienen sobre el crimen organizado y la reducción de la impunidad. La idea de buscar la eficiencia formal Tradicionalmente, se ha establecido una masa crítica sobre el cumplimiento del pos• tulado constitucional de lograr una justicia pronta y cumplida; lo que expresa la nece· sidad de que las instituciones, que confor· man en este caso el sistema penal acusato– rio, sean no solamente ágiles y garantistas de las libertades ciudadanas. sino eficientes en sus trámites y sus ejecutorias. ¿Qué tan eficientes son las instituciones que canalizan los acuerdos ciudadanos a través de la mediación y la conciliación? ¿Qué tan eficiente. bajo el parámetro ins– titucional, es la aplicación del principio de oportunidad. que en los sistemas de corte anglosajón es básico para que opere este sistema? En el contexto de la Ley 906 so– lamente se ha aplicado en on 1.8% de los casos. ¿Cómo han operado los acuerdos y preacuerdos? Aquí se acusa una situación crítica de tiempos para la implantación del sistema. En efecto, del conjunto de institu– ciones estatales escasamente tuvieron para ponerlo en marcha tres meses. Los primeros pasos los darían cuatro distri– tos judiciales: Bogotá, Manizales. Armenia y Pereira. y cada año, siguiendo el principio de gradualidad, se adicionaron otros distri– tos al ,sistema, hasta completar en el 2005 un cubrimiento nacional. A la eficiencia institucional es necesario agregar la necesaria coordinación entre entes estatales, de manera organizada. con recursos y logística diferentes y con dinámicas nacionales y regionales muy di– versas. Ello supone para su puesta en mar– cha esfuerzos adicionales de quienes están al frente de las ejecutorias: policía técnica, defensores. fiscales, ministerio público, jueces y magistrados; toda esta cadena de trabajo entre instituciones ha de revertir en una mayor y mejor eficiencia en la función jurisdiccional. Esta nueva institucionalidad del sistema ju– rídico y de las organizaciones estatales para procurar justicia requiere de un nuevo mar– co de evaluación y una reconceptualización del concepto de eficiencia. Algunos logros de cara a la eficiencia procesal A las instituciones que conforman el proce– so penal y que arropan el debido proceso, es preciso acompañarlas de un enfoque y de una teorfa económica del proceso; así sea, como lo es, el proceso represivo co· rresponde al Estado proteger y garantizar las libertades individuales de quienes están involucrados por violar el ordenamiento pe– nal; ello implica el desarrollo de un conjun– to de escenarios físicos y técnicos, costos, remuneración del personal judicial y acom– pañamiento de procesos formativos y de información judicial y jurisprudencia!. Se puede expresar, de manera simplifica– da, que están en escena costos y tiempos del proceso. eventos muy valorados por los ciudadanos; si hay mecanismos de solución entre las partes involucradas. ello reduce los costos para las personas y para el Estado; de lo contrario, ha de corresponder al po– der judicial en toda su cadena de actividad. adelantar el proceso, que resultará, según las instituciones que lo fundamenten más o menos oneroso; según se trate de proce– sos complejos o sencillos de trámite ligero y ágil. De las audiencias y casos Una de las señales que permite medir los resultados de la gestión del sistema penal acusatorio es el volumen y duración de las audiencias. Si bien. es el proceso y el nú– mero de casos las unidades típicamente utilizadas para medir la gestión del sistema jurldico, esta medida no es del todo homo– génea o estándar, debido a los diferentes determinantes que le impregnan una gran variabilidad a esa medición. Y es, precisa– mente, el reconocimiento de los paradig– mas del nuevo sistema lo que induce a observar y examinar el sistema penal como estructurado simultáneamente por audien– cias y por casos. Así por ejemplo en el sistema penal acu– satorio se han adelantado, con corte al 31 de diciembre de 2009, cerca 1.390.861 audiencias en todo el país. de las cuales 869.783, el 63%, corresponden a las au– diencias de control de garantías y 521.078, el 37%. son audiencias de conocimiento. Gráfico No. 1 Audiencias realizadas y variación porcentual anual (Corte 31 de diciembre de 2009) 600.000 IOO.COO 400000 :!00000 100® 100000 o 2004 lOOS 2006 2001 2008 2009 Si se observa el gráfico No. 1, en el número de audiencias por año existe una tendencia creciente de esta variable en el tiempo. En el 2005 se realizaron un total de 59. 149 au– diencias; para el año 2009 se adelantaron 508.915, observando una variación en el quinquenio de 760%,; pero igual evolución se ha presentado para los casos que tramita ► Mano 20101 Revista Judicial ¡ 1 s