Libro

,, Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y Iibertades. ;);) significación jurídica de los derechos funda– mentales ha venido, afortunadamente, a al– terar la esencia de un derecho administrativo quizá demasiado apegado a una perspectiva estática de la autotutela que requería de una nueva explicación, de una justífícación a la luz de los parámetros y criterios constitucio– nales. Puede afirmarse sin exageración que el tratamiento de los derechos fundamenta– les de la persona y el modelo territorial del poderpublico han venído a ser laspiedras de toque de un nuevo derecho administrativo al que hay que acercarse desde la constitu– ción para proyectar su luz sobre el conjunto de las instituciones, conceptos y categorías de nuestra área de conocimiento". El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo responde, entonces, a ese proceso de transformación que se ha venido produciendo al interior de nuestro Estado Social de Derecho y ello explica el que se le haya fortalecido como institución codificadora, en tanto identifica el propósito de la Comisión Redactora en el sentido de concebir una regulación predo– minantemente especializada en cuanto a la cobertura de las actuaciones administrativas realizadas por las autoridades públicas y por los particulares que cumplen funciones ad– ministrativas. Es de resaltar con gran sentido ejemplari– zante, como en el itinerario recorrido en la concepción y configuración del nuevo códi– go por cerca de tres anos, prevaleció siempre La ciudadania se beneficia con el Nuevo Código Contencioso Administrativo. un esfuerzo mancomunado entre el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional y el Con– greso de la República. lo cual permitió de– sarrollar de cara al país un serio y profundo análisis sobre la problemática planteada, con la intervención de los sectores profesionales, académicos y sociales interesados, siempre teniendo como norte la defensa de los inte– reses generales y la protección de los dere– chos de los asociados. De igual manera el nuevo texto denota e identifica claramente un posicionamiento ideológico mediante el cual, bajo una pre– misa eminentemente garantista y sin desco– nocer la estructura y las atribuciones de los Poderes Públicos, propende por impulsar al Estado- Administrador a asumir la respon– sabilidad que le corresponde en cuanto a la definición de los asuntos que interesan a los asociados, de tal manera que en sede ad– ministrativa estos obtengan respuesta a los asuntos que los aquejan. Ello explica el al– cance del articulo primero del Libro Primero, Procedimiento Administrativo, que al referir– se a la finalidad de la misma expresa: "Las normas de esta parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la suje– ción de tas autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimento de los fines estatales, el fun– cionamiento eficiente y democrático de la Administración, y la observancia de los de– beres del Estado y de los particulares". A partir de allí se despliega todo un desa– rrollo normativo que comprende el estable– cimiento de los principios que orientan las actuaciones administrativas, todo un régi– men de derechos. deberes. impedimentos y recusaciones aplicables en las relaciones au– tondades y particulares, se adoptan nuevas reglas sobre el Derecho de Petición ante el sector público y el privado, se regula el pro– cedimiento común y uno de carácter sancio– natorio, se disponen reglas específicas sobre la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, y se fortalece la función consultiva de la Corporación, en– tre otros. En cuanto a la parte Contenciosa (libro Se– gundo), no cabe duda que en ella se acogen las tendencias anteriormente referenciadas, en el sentido de que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no solo tiene por objeto ejercer el control de legalidad sobre las actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares que cumplan funciones administrativas, sino que, además y preferentemente, debe garantizar la tutela efectiva de los derechos de los asociados y así lo expresa el artículo 103 del nuevo có– digo cuando alude a los principios y objeto de la jurisdicción: "Los procesos que se ade– lanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efec– tividad de los derechos reconocidos en la ► Junio 2011 Re~ista Judicial 41