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1 PANf 0E l I S ~Rf.ANl~OS l)f C '• f!Ol o ya que, de acuerdo con un reporte estadístico del INPEC. a diciembre del 2009 se encontraban 4788 mujeres privadas de la libertad, 62% se encontraban condenadas y el 38% estaban sindicadas. porcentaje superior al promedio nacional, equivalente al 32%. Esta situación es muy preocupante para la Contraloría General por el tiempo que permanecen las mujeres en las cárceles sin definírseles de su situación jurídica, o cuestionando el sistema y afectando su entorno familiar y social, el cual evidencia un desconocimiento de dicha perspectiva en las decisiones judiciales al no priorizar la atención de situaciones que vulneran los derechos de las mujeres colombianas. Esta situación pone en evidencia el fracaso de los objetivos propuestos del plan nacional de desarrollo 2006-2010, con lo relacionado con una justicia cercana al ciudadano de que pretendía obtener los mayores grados de eficiencia y equidad en la adminis– tración de justicia. Así mismo, se debe dar mayor importancia a la atención de las solicitudes que presentan las mujeres privadas de libertad para obtener los beneficios administrativos establecidos por la ley y para atender los requerimientos que buscan mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos al interior de los establecimientos penilenciarios, establecimientos que no han sido diseñados para las mujeres sobre todo para las madres que están recluidas, puesto que la Auditoría especial reaJjzada por la Contralorfa General de la República a la reclusión del Buen Pastor durante el 2009, encontró situaciones graves de vulneración de derechos que inciden negati– vamente en la dignificación, la socialización de las mujeres privadas de la libertad. Por otra parte, el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo en lo concer– niente a el sistema penal para adolescentes, mostró que durante el año 2008 el pro– medio de carga por defensor público fue de 117 procesos y para el programa 1nenor infractor, la carga fue de 391 incluyendo los procesos de años anteriores, programas que han registrado año tras año la mayor carga de procesos por defensor prtblico, situación que es preocupante ya que el Estado debe brindar atención prioritaria a los niños y niñas con derechos vulnerados, de acuerdo con la Constitución y las normas internacionales, la Contraloria GeneraJ de la República considera. que frente a la constante vulneración de los derechos de las mujeres, de niños y niñas de Colombia es importante que la Rama judicial dé cumplimiento a los tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres y los niños, especialmente a la Convención lntera– mericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Así mismo es necesario velar para que el gobierno Colombiano cumpla con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, específicamente las realiza– das por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la ~ituación de estos en Colombia, en el sentido de adoptar e implementar una poü– tica pública que lucha contra la impunidad, incluyendo la revisión de la legislación sobre la violencia doméstica y de género. El 50º/4 de las mujeres recluidas se encuentran por narcotráfico y son cabezas de famiJia , son problemas sociales y socioeconómicos, la equidad de género impone la obligación de dar un tratamiento diferencial que atienda las necesidades surgidas de las diferencias biológicas como madres cabezas de familia, la propuesta es priorizar las decisiones administrativas y judiciales de las madres cabezas de familia y ordenar 35