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m 142 OCTAVO tNCUf.Nmo C[ IAS AllAS CORP( ~AtlOMS DE USTI IA DE COLIJMRIA Finalmente, una pauta clave para la toma de decisiones judiciales con perspec– tiva de género es escuchar a las víctimas, la participación de la víctima dentro del juicio no puede limitarse a rendir testimonio, sino también a proponer formas de reparación según el tipo de infracción al derecho internacional humanitario. La reparación con perspectiva de género va mucho más allá de la genérica y limitada reparación económica en los delitos de violencia sexual. por ejemplo, el esclarecimiento de los hechos, la identificación, la captura, el juzgamiento y la acu– sación del autor deben sumarse a la garantía de la no repetición, la condena penal, la reparación económica y formas de reparación simbólica son importantes para las mujeres que han sido violadas. En conclusión, los fiscales debemos adoptar el enfoque de género en las de– cisiones, el papel del derecho y el sistema de justicia no puede limitarse a la mera resolución de conflictos, debe contribuir a organizar valores sociales fundados en la responsabilidad y la solidaridad. La ineqmdad de género está fuertemente relacionada con la inequidad social, lo que es confirmado por recientes estudios de las Naciones Unidas, a mayor desigual– dad social mayor desigualdad de género. ¿Cómo promover entonces la igualdad de género en Colombia, el país más des– igual en América Latina? El juez tiene un papel importante en la reducción de los estereotipos de género y los patrones de discriminación existentes en la sociedad, como la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres ha dicho que tener poderes judiciales sensibles al género es una de las maneras de avanzar en la eliminación de la discriminación contra las mujeres. El proceso penal no es la solución a la violencia contra las mujeres, pero indu– dablemente, la decisión judicial tiene un papel pedagógico y simbólico central, pues al producir decisiones ajustadas al enfoque diferencial los funcionarios del sistema de justicia estamos aplicando los derechos humanos y generando un cambio en las mentalidades. En materia penal especialmente los jueces y fiscales enviamos mensajes éticos directos a toda la comunidad sobre los bienes jurídicos relevantes y por esa vía tene– mos la oportunidad y la gran responsabilidad de aplicar y dar a conocer a víctimas y victimarios el derecho que les asiste y que no, el aumento de penas y la penalización sólo incide en la disminución de la criminalidad cuando se acompañan de decisio– nes reparadoras en casos concretos y de intensas campañas de sensibilización a la comunidad que tener en rechazo a las conductas perniciosas. En este sentido reitero el compromiso fundamental de la Fiscaüa General de la Nación en dar una concientización a sus funcionarios y a sus fiscales, de aplicar una política con una nueva visión de género en la investigación de los delitos, porque creo que solamente construiremos una real democracia cuando los índices dolorosos de discriminación que aparecen reiteradamente en nuestra sociedad, sean efectiva– mente sancionados por las autoridades responsables.