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- CUARTO ENCUENTRO - MEDELLÍN 2006 derechos de las mujeres y de los y las adolescentes¡ para lo cual trabaja en: Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en la gestión pública; Garantizar el cumplimiento de las responsabilidades institucionales frente a los derechos, especialmente de las mujeres, los y las adolescentes¡ Promover la generación de información desagregada, oportuna y de calidad relativa a los derechos, particularmente por sexo, área, etnia y edad¡ Promover el conocimiento, apropiación y aplicación de las normas internacionales relativas al género, con énfasis en mujeres y adolescentes y Potenciar el papel de la Comunidad para consolidar el proceso de seguimiento y vigilancia. El proyecto constituye entonces un avance en el fortalecimiento de la gestión pública en la promoción y defensa de sus derechos, y contribuye a la aplicación de la perspectiva de género en el cumplimiento de las funciones de las instituciones del Estado como agentes garantes de los derechos humanos. El proceso con la Procuraduría General se inició en el año 2005, con el apoyo técnico y financiero del UNFPA a partir de cuatro preguntas: ¿Cuál es el rol del Ministerio Público– MP en la construcción de la igualdad?, ¿Oué aporta la perspectiva de género a la gestión pública?, ¿Cómo puede el MP fortalecer su función de seguimiento y vigilancia a la garantía de los derechos desde una perspectiva de género?, ¿Cómo puede el MP consolidar un dialogo perma12-ente con la comunidad en el ejercido del seguimiento y vigilancia a la garantía de los derechos? En la tarea de responder las preguntas, se ha ido construyendo un marco conceptual y un marco operativo: Fue revisada la normativa nacional e internacional en materia de género y derechos de las mujeres, y fue diseñado un modelo de vigilancia para verificar tanto el cumplimiento de las normas como la situación y garantía de los derechos en el país. El primer ejercicio diagnóstico realizado por el proyecto en los 32 departamentos, 3 municipios y el distrito capital, evidenció y confirmó entre otros: la situación de inequidad de las mujeres y sus derechos más vulnerados; la no aplicación de las normas internacionales relativas al principio de igualdad y no discriminación y a los derechos de las mujeres; el bajo nivel de conciencia y conocimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de género¡ en general, precaria información de los entes territoriales, en lo relacionado con los derechos a la salud, al trabajo, a la educación y a la participación. La información más completa fue la relacionada con el derecho a la vida y a la integridad personal; también se confirmó que en el orden nacional "no hay una labor sistemática para contrarrestar las tradiciones culturales discriminatorias y transformar los estereotipos sexistas." La estrategia operativa para la vigilancia, diseña entonces distintos instrumentos que orientan y facilitan la recolección y manejo de la información y una herramienta informática, a partir de identificar los derechos coincidentes en los diferentes instrumentos internacionales revisados y las instituciones competentes a nivel nacional y territorial, encargadas de garantizar éstos derechos. Fueron entonces definidos, siete derechos como objeto inicial de la vigilancia: Derecho a la vida, Derecho a la dignidad y a la integridad personal, Derecho a la salud, Derecho a la educación, Derecho al trabajo, Derecho a la participación y Derecho a la propiedad de la tierra, En el ámbito territorial y local, el Modelo de vigilancia coadyuva en concreto a movilizar y hacer visibles los temas de género, de derechos de mujeres y adolescentes¡ a convocar la reflexión institucional y de la comunidad en torno a la situación de los derechos¡ a Promover la aplicabilidad de las normas; y en particular a promover la rendición de cuentas 191