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- CUARTO ENCUENTRO - MEDELLÍN 2006 combatir el hambre mientras en sus tarjetas mantienen las comisiones más altas del mundo y la DIAN denuncia que los empresarios evaden un poco más del 30% de los impuestos de valor agregado, renta, aranceles, timbre y 4 por mil, lo que en cifras del 2004 puede llegar a 16 billones de pesos. Estos datos cuestionan seriamente el compromiso social del sector privado colombiano. El proyecto de la Universidad de los Andes sobre costos socioeconómicos de la violencia intrafamiliar en Colombia analiza el maltrato a la mujer, el origen de la delincuencia juvenil y la vinculación de adolescentes a grupos irregulares como uno de estos costos, violencia que incluye la física y la sicológica. En la segunda semana de julio de 2005, se reunió en Escocia el C-8 para discutir la meta en análisis, principalmente frente al África y se indicó que 1000 millones de seres humanos viven en la miseria absoluta, se habló de casos terribles como Bolivia, Honduras, Nicaragua y Haití y sobre el recorte de presupuestos de ayuda y la falta de apertura comercial de los países ricos hacia los pobres. Empero, no se conocen intervenciones ni resultados específicos sobre Colombia en donde el 7% de los niños menores de 7 años está desnutrido y donde más de la mitad de sus habitantes son pobres. "Las familias que están en la línea de pobreza tienen una baja participación de las mujeres en el mercado laboral" porque deben atender a los hijos y porque están menos capacitadas, situación que se agrava en el sector rural, se anota en otro informe de Portafolio. En estudio de Ernesto Mieles y Cladys Prada de El Periódico de la Universidad Nacional, se denuncia que hay más de 3.5 millones de mujeres en Colombia que son madres cabeza de hogar. Al parecer un alto porcentaje de ellas ha adquirido tal condición por efectos de la violencia y como consecuencia se encuentran dentro de las mencionadas cifras de pobreza. De otra parte mientras el ingreso per cápita de España se ha quintuplicado en 25 a(los (US$26.660) y en Estados Unidos es de US$41.300, el de Colombia apenas llega a US$2.130, vale decir que el objetivo que se analiza no solo será difícil de cumplir dentro del sector sometido a la pobreza sino que todo parece indicar que se ahonda día a día la brecha entre países ricos y pobres. La lucha contra la pobreza es responsabilidad no solo del Estado y de los estudiosos de la economía sino de la sociedad en general y necesariamente de la Administración de Justicia en sus decisiones, por lo cual también se compromete su responsabilidad social. En la Administración de Justicia el sólo hecho de la existencia de empleos con topes superiores a $700.000 parece garantizar por lo menos la viabilidad de un mínimo vital pero por los datos que se han consignado atrás se percibe un peligroso acercamiento a los niveles de pobreza. Y las decisiones judiciales en términos generales no llegan de manera directa - salvo en las acciones constitucionales- a los sectores más pobres y mucho menos a los de indigencia por cuanto no tienen cómo acceder a los órganos judiciales y es cada vez más frecuente el ejercicio de una justicia desinstitucionalizada. Luego de estas consideraciones el planteamiento que se impone es el de calcular si se lograrán las metas del milenio a nivel mundial, si se alcanzarán en Colombia al menos en lo planteado en el documento CONPES al cual se ha hecho referencia o si como lo dijo el Secretario Ejecut ivo de la CEPAL, Colombia está lejos de cumplirlas y hasta el momento no ha alcanzado ni siquiera el 10% de la propuesta. 168