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Directora Jur[dica ILD, especialista en detección de obstáculos legales que impideri !a formaliza– ción de la propiedad. Actualmente estamos adelantando un p¡an de choQue de formalización y restltución de bienes de tierras para et 2011, año en el que además de invertir recursos públicos y esfuerzos msU– tucionales en la titulación de baldíos que hace el l11coder. las entidades estatales relacionadas con la formalización, jritegradas en la Unidad CoordJnadora del Programa de Formal!zación, se concentran en la definición y validación de nue– vos procedimientos integrados de catastro. Titu– laclón y registro que permitan alcanzar las metas de formalrzación propuestas. Esperamos que en este primer año del programa logremos hacer en titulación de baldios dos veces mas que lo hecho en promedío en los ultimos años y que hayamos entregado a los jueces eílcargados de adelantar los procesos Judlclales al menos 2.000 casos. La formalización de la proptedad constítuye uno de los componentes más importantes de la potí– tica integral de tierrast por los diferentes efectos positivos que puede llegar a ener en la conso– lidación de territorios, estabilización de la pobla– ción campesina y normalización de los mercados de tierras 11 • La 111 Encuesta Nacional de Verificacíón de los Derechos de la Población Desplazada registra que por lo menos el 61, 1 % de los predfos, aban– donados o despojados, requerirán un proceso de formaHzación de la propiedad para poder ser efectivamente restituidos plenamente a sus ver– daderos dueños. La misma encuesta indica tam~ bién que en el momento del desplazamiento las personas que no eran propietarias con un titulo regístrado tenían, conforme a las leyes vígentes, por lo menos un derectio adqwrido sobre la tierra o una expectativa de adjudicac¡ón por parte del Gobierno NacionaL Según la encuesta, los po– seedores acumularon en promedio 16 años de relaclón con la tierra y los ocupantes por lo menos 1Oaños de explotación. Esto implica que buena parte de ta política de restitución debe comple– mentarse con la formalización de los derechos ad– quiridos. La misma encuesta mencionada muestra que la mayoría de los predios restituidos deberán sanearse por vía de proceso Judiclal {58%) y un menor porcentaje (2,2°/o) por un proceso admlnjs– trativo ode titulación de baldíos. ~NlClATIVA CONGRESIONAL El proyecto que presentamos se inscribe en el programa de formalización de la propiedad que en lo rural está desarrollando el Gobierno, parti– cipa de la necesidad cie solucionar tos problemas existentes tanto en la cludad como eri el campo y formula ur1a sofución adecuada para recono– cer los derechos del poseedor material de bie– nes inmuebles, cual es la alternativa procesal; de un lado, las situaciones de hecho generan incertl-dumore y desasosiego en la comunidad Y1 de otro, es deber del Congreso hacer uso del poder de configuración legislativa para dar a los colombianos seguridad y garantía en el ejerclcio de sus derechos. De contera, un Drnyecto de ley con esa filosofía desar olla el arttculo 22 de la Constitución Polí– tica, entendiéndolo, en el más elemental de los seritrdos, como un instrumento para abrir cami– nos de paz, ya que esta es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Los poseedores de buena fe no deben permanecer en silencio, en actitud pasiva. Por el contrario, pueden aspirar a tener una expresión jurídica y esta es un pro– ceso púbHco, oral, ágH y garantista que refleje y satisfaga sus pretensiones, desde fuego con el respeto de los derechos de terceras personas. Nuevos y palpftantes motivos han surgido para insrstír en este proyecto de ley. Los niveles de pobreza de 11uestra comunidad rural han aumen T tado~ tanto por la influencla de factores externos

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