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712 12. Algunos tópicos de la reforma electoral en la provincia de Córdoba años 2010-2011 como para los Fiscales Públicos Electorales está previsto un respectivo pago y manu– tención durante la jornada electoral. Permítanme hacer dos aportes a estas cuestiones : l) los Fiscales Públicos Electorales son excluyenternente ernpleados o funcionarios del Poder Judicial. 2) Las Autoridades de Mesa de Votación son solo los docentes de la provincia de Córdoba. El Poder Ju– dicial de la provincia de Córdoba -vale la pena decirlo- tiene una población de 5.500 personas, unos 500 de ellos son jueces en diferentes instancias, otros 800 son funciona– rios y otros 3.800 son agentes. En ellos se pueden contabilizar unas 2.500 personas que integran la planta jurisdiccional del Poder Judicial y que en su 1nayoria son abogados; siendo el resto de los nombrados agentes, los que se desempeñan en la planta admi– nistrativa del Poder Judicial y, por lo tanto, ocupando una franja profesional y laboral sumamente variada, esto es, desde médicos a carpinteros. Nos queremos ocupar ahora del tercero de los aspectos que señalamos al inicio, esto es, la praxis en concreto del nuevo proceso electoral. Aquí tenemos que separar dos mornentos: lo vinculado al Liempo anterior al acto eleccionario, que fue el 7 de agosto del 2011 y lo vinculado propimncnte con el acto eleccionario como tal. Respecto al ex ante de la elección, había que superar varias cuestiones de logísti– ca compleja, entre ellos se cuenta que el Poder Judicial no estaba acosturnbrado a ges tionar en primera persona un proceso electoral en el que no solo se le itnponía la carga pública de ser sus agentes y funcionarios judiciales, fis cales Públicos Elec– torales, sino tatnbién el de hacer un esfuerzo de capacitar en dicha cxperticia a sus propios cuadros judiciales y finalmente y quizás lo más complejo por la magnitud de la cuestión, el realizar una capacitación electoral a la sociedad civil en tnecanismos nuevos de votación, co1no son el voto electrónico y la boleta única de sufragio , todo ello, frente a la natural ausencia de la capacitación por parle de quien tiene dicha responsabilidad pri1naria como son los partidos políticos y para lo cual, reciben fi– nanciación estatal. Ello supuso la itnpletnentación de un 1nonstn1oso plan estratégico de capaci tación electoral, que implicó una operatoria que se extendió prácticamente dieciséis meses antes del proceso electoral, y que a pesar de todas las preocupaciones y desvelos tuvo las dificultades propias de haberse inaugurado un sistetna, sin haberse puesto una pnie– ba experimental antes en terreno. No va1nos a comentar el largo proceso que llevó ello, puesto que implicaría desagregar cientos de reuniones y logísticas de diferente entidad que se pusieron en 1narcha para tal o~jetivo. Simplemente, destacamos que nuestra labor operativa suponía que debía– tnos hacer la cobertura de 1.900 centros de votación en 538 localidades ele esta extensa provincia de Córdoba, para disponer la presencia de los Fiscales Públicos Electorales y Autoridades de Mesa de Votación, en 7.600 1nesas. Ello implicaba la capacita,ción efectiva y presencial de 3.500 funcionarios y agentes del Poder Judicial, y también, indirectainente, de 18.000 docentes de la provincia. Huelga decir que, desde el Equipo Judicial de Capacitación Electoral, había que desarrollar la totalidad de los documen– tos e insurnos formalivos-educalivos para que eso fuera posible.