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Derecho Electoral de Latinoamérica 637 administración gubernamental en sus tres distintos niveles, la probabilidad de crear un Regislro Público Nacional de actores, asociaciones, agntpaciones y partidos políticos, permitiría a la ciudadanía, de tnanera clara, directa y confiable, conocer la historia ideológica de los sujetos que pretender detentar el poder político en un país. El derecho a la infonnación es un paradigtna que se ha plasmado en diversas Constitu– ciones, al establecer como derecho fundamental del hombre, la posibilidad de requerir y obtener de todas las instancias gubema,nentales, la infonnación de las actividades que la ad1ninistración ejecuta en cumplitniento al 1nandato que la ciudadanía le ha conferido cotno su representante. Así pues, se ha generado la cultura del derecho a la infonnación y a la transparencia de las gestiones públicas como un derecho fun– da,nental de la ciudadanía, que a través de este conocitniento, podría iniciar acciones tanto legales como políticas que premien o sancionen a los funcionarios y a las admi– nistraciones que ejecuten actos de gobierno contrarios al interés del gobernado. Para la obtención de este propósito, se han escrito ríos de tinta y se han creado leyes tanto Federales como Esta tales, que crean los Institutos de Acceso a la Infonnación y que inciden como autoridades, para hacer cumplir las solicitudes de los ciudadanos que no obtienen la infonnación que se solicita a los entes obligados a proporcionarla. Como consecuencia de ello, y como valoración de los dalos así obtenidos, resulla sin lugar a dudas, la posibilidad de pre,niar o sancionar a los actores políticos a cuyas filiaciones pertenezcan los sujetos así valorados. Sin embargo, correlativo a este derecho funda,nental tutelado en diversas Consti– tuciones, existe también el derecho a que los datos personales de l hombre, sean considerados como reservados y cotno tales no podrían hacerse del conocimiento general. En este sentido, surge una corriente internacional que tiende a proteger este derecho a la privacidad o a la secrecía de los datos. México, se su1na a esta postura, y en junio de 2002, expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubema1nental, que obliga a todas las dependencias y entidades del gobier– no federal a dar acceso a la información contenida en sus documentos, con base en esta ley, se crea el Instituto Federal de Acceso a la lnfonnación Pública y Protección de Datos (IFAI), organismo autónomo que tiene co1no objetivos específicos, garanti– zar el derecho de acceso a la información pública gubernamental, proteger los datos personales que están en tnanos del gobierno federal, así como resolver las negativas de acceso a infonnación de las dependencias o entidades del gobierno federal que se hayan fonnulado. La implantación de un Registro Nacional de Partidos, Agn1paciones y Asociaciones Políticas, así co,no de los antecedentes ideológicos de quienes los confonnan y parti– cipan en la política nacional, confinnaría la cultura de la infonnación pública, tendría repercusión en rnúltiples ca1npos del actuar nacional. Si la actual ley que rige al Registro Federal de Electores permite la captura de datos personales que son su1namente sensibles para la ciudadanía, no se advierte liTnitante, para que quienes pretenden su organización política, estén obligados a proporcionar la información que le permita al ciudadano hacer una valorada cali– ficación de estos.