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Derecho Electoral de Latinoamérica 311 de las campañas gracias a las TIC; racionalizar las normas y una 1nayor preocupa– ción en el financiamiento y sus fuentes; 1nayor institucionalización de los partidos, y otorgarle a la Fiscalía mecanismos para ej ercer un mayor papel disuasivo, pues cuando la justicia no opera se fo,nenta la ünpunidad. Lo cual debe ser replicado en las etapas adminis trativas previas, como la implementación de un mayor tie1npo de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, y una participación investigativa posterior, por parte de la organización electoral, en cooperación con los órganos judiciales de inves tigación. La idea de cooperación social ilnplica unas condiciones justas de cooperación que cada ,niembro de la sociedad puede razonable1ncnte aceptar, sie,npre y cuando los demás también las acepten. (Tesis de John Rawls, Justicia co1no equidad). En consecuencia, los que participan en la cooperación y cumplen su parte según las reglas y procedi– rnientos fijados, se benefician de manera apropiada por una valoración cornparativa conveniente. En este sentido, la financiación pública genera condiciones de mayor co,npetitividad entre los partidos y de altematividad en el ejercicio de la democracia (De la Calle; 24-28). La fi nanciación pública favorece la creación de nuevas fuerzas, a la vez que 1nantiene voces independientes a la política. Esto se cornplernenta con la regulación del financiamiento indirecto, por ejeinplo, el otorga1nienlo de igual número de espacios en radio y televisión para propaganda electoral, y la detcnninación de un número máximo de cuñas, avisos y vallas que pueden tener en cada campaña los parti– dos, movimientos y I:,rrupos s ignificativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos, según los artículos 35, 36, 37 y 54 de la Ley 1475. Se observa así una búsqueda de la equidad en lodos los ámbitos políticos, econó1nicos y culturales. Además, de la regulación de las partidas estatales, la incorporación de límites a la financiación privada ctunple una ft.mción de tnejor distribución de los recursos, lo que no está en contradicción con los beneficios que para la economía aporta la inversión privada en las campañas, y evita que una sola persona j urídica o natural financie una ca1npaña, lo que redunda en la independencia y autonornía en los 1nunicipios peque– ños. Sin duda, los porcentajes en la distribución estatal benefician a los movilnientos y partidos con personería jurídica y au1nenta el porcent~j e de distribución de los recursos según el tamaño de las listas. Hace falta pro,nover ,nás el desarrollo de centros de fonnación política, publicaciones y la relación de las universidades y los partidos, con una estricta finalidad educativa para fomentar respeto a una verdadera cultura democrática. Acluahnente, predomina la tendencia a invertir la financiación privada exclusivatnentc a la cainpaña electoral, y la lünitación a los montos no impide que la financiación dependa de grandes e1npresarios y donantes. Un fenómeno particular se observa a partir de la campaña para la Presiden– cia de Barack Obama, en la que las pequeñas contribuciones, incluso de un solo dólar, generaban un sentimiento de vinculación a la cainpaña. Este tipo de mecanismos no carece de detractores que los consideran un tnodo de manipulación, bajo un modelo de ciclo presupuestario político en el que los titulares tratan de influir en los votantes a través de los 1nedios de comunicación y las TIC, otorgando la oportunidad a cualquiera de difundir un mensaje de manera rápida y oportuna (Drazen, 20 l O).