Libro

298 6. Evolución del financiamiento político, un proceso incremental de reformas Más recienten1ente, el escándalo de la llru.nada parapolítica, por el cual fue investigada una tercera parte del Congreso elegido en 2006, y donde se ha condenado a más de 20 Congresistas por vínculos con organizaciones ilegales, La1nbién reveló los lazos entre los políticos y la crin1inalidad, y el papel del financian1iento con10 ele,nento detenni– nante de relación entre unos y otros. Dado que en Colo1nbia sigue existiendo una fuerte econon1ía crin1inal por la subsistencia del narcotráfico, al igual que otras fonnas de actividad ilegal, se hace necesario exa,ninar el papel que la regulación sobre el financianúento político juega para evitar o propiciar esta relación. Justamente, la falta de conciencia sobre esta situación ha sido en gran parte la causante del atntso en n1ateria de regulación sobre financiamiento y al 1nisn10 tie1npo ha facilitado las relaciones entre cri,ninalidad y política. A esto se agrega el ,narketing basado en medios masivos de comunicación y otros elementos que elevan los costos econó1nicos de las campañas, lo que hace que incluso la regulación en los países más de1nocráticos resulte insuficiente para asegurar la equidad entre co,npetidores. A continuación se presentará la evolución del financianliento político en Colo1nbia para lo cual se distinguirán cuatro etapas. Una pri111era etapa, previa a la Constitución de 1991; una segunda etapa, determinada por la adopción de la nueva Constitución y la regulación expedida a su a1nparo, esto es, la Ley 139 de 1994; la tercerd etapa, marcada por las 1nodi– ficaciones a la Carta Política, el Acto Legislativo Ol de 2003; y la cuarta etapa, establecida por el Acto Legislativo 01 de 2009 y la recienlemenle expedida Ley 1475 de 2011. Final- 1nente, se presentarán unas reflexiones sobre la agenda futura frente a este te,na. V. Primera etapa. El financiamiento político como asunto privado La etapa previa a la Cons litución de 1991 se caracterizó por el desconocilnienlo de los partidos co,no actores públicos, de hecho, desde 1944, varios líderes clamaban la necesidad de que se les diera reconoeitniento como personas jurídicas, pero esto solo se logró en el año de 1985. Esta situación contrastaba con el enorme peso de los partidos políticos en la vida na– cional, como se recordará, la violencia política promovida por los partidos, cuhninó con los pactos que dieron origen al frente Nacional, y durante el periodo de vigencia de dicho acuerdo, se entregó el monopolio de la gestión pública y del proceso electo– ral a liberales y conservadores. Es posible que como consecuencia de ello se hubiese optado por no conceder n1ás beneficios y prerrogativas tales con10 las que pudieran derivarse de su regulación jurídica. El hecho es que la existencia de cierto grado de organización partidaria, como la que caracterizó las elapas previas y los inicios del Frente Nacional, probableinenle no im– plicaban tnayor nonnatividad, y solo en la medida en que la institucionalida<l partidista se deterioró visiblemente, fue necesario introducir normas que regularan la vida de los partidos políticos. Co1no consecuencia de lo anterior, el Estado no participaba en el financia111iento de los partidos, este era básica111ente un asunto privado.