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Derecho Electoral de Latinoamérica 297 electorales, preocupa cada vez más la corrupción por la capacidad de la financiación ilegal de enturbiar la transparencia de las elecciones y deteriorar la legitimidad del siste1na democrático, así como la ética de la ad1ninistración pública; la financiación estatal de los partidos no asegura necesariamente una dis,ninución de los efectos de la corrupción política: "La búsqueda de una solución.frente a la .financiación ilegal tal vez no es la utopía de que el Estado asuma la.financiación de los partidos a efectos de que estos no tengan que acudir a medios ilegales. Esta vía no es la solución al p rvblema pese a lo que pudiera parecer inicialmente. Un sislenia público de financiación también puede contribuir a la búsquedafi·audulenta de.fuentes definanciación por parte de los partidos" (Rol!, David_. l 5.: 20 l O). Asi1nismo, David Roll y Feliciano, estiTnan que en el esfuerzo por resolver el proble,na de la corrupción y de la penetración de agentes 1nafiosos en el proceso político, se po– nen en cuestión los tipos de financiación política existentes. Pero la falta de efici encia de los rnecanisrnos de regulación o su ausencia, conduce a la incursión de recursos económicos ilegales que condicionan las acciones políticas o a la influencia des1nedida de grupos econótnicos en la orientación de las políticas públicas. En Un balance del sistema de.financiamiento político en Colombia, David Roll y Edv,in Cruz, agregan al problema de la financiación ilegal, la indiferencia de la sociedad civil, una cultura del desacato a la ley y dificultades para realizar una correcta fiscalización de los recursos de los partidos (Roll David, 21; 201O). Ta1nbién el problcrna del financia,nicnto políti– co tiene relación con el clientelis1no y la captura de rentas. IV. Etapas Durante las últünas dos décadas, Colotnbia ha vivido una intensa discus ión que estu– vo centrada en cómo organizar su sistema político, esencialmente, en torno al 1narco constitucional, que fue el principal foco de análisis y por ello hemos tenido un intenso debate a partir de la Constitución de 1991, sobre las reglas que deben regir el régimen político, y ta1nbién sobre el comporta1niento de los actores de dicho proceso, especial– mente, los partidos políticos. Co1no producto de esta deliberación constitucional en estos 29 años se han produci– do, una nueva Constitución, dos refonnas constitucionales (2003 y 2009), una nueva refonna electoral introducida por este gobierno en la Ley 1475 de 2011 y hubo dos in– tentos fallidos de reforma política (administración Samper y administración Pastrana). No deja de llamar la atención la escasa ünportancia que ha tenido la discusión sobre el financia,niento político, pese a la enonne trascendencia que dicho te1na ha tenido en los principales escándalos de la vida nacional durante este periodo. En efecto, el proceso 8 mil, que llevó a una enorme crisis al gobierno de Ernesto Sainper, originó su juzgamiento por el Congreso, y llevó a la investigación de 41 congresistas, así co1no a la condena de una docena de ellos, tuvo su origen y principal pnteba judicial en el financiamiento ilícito recibido por la cainpaña presidencial y por los congresistas.