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Derecho Electoral de Latinoamérica 213 financiamiento político. Aunque se sabe mucho menos del tema de lo que sería con– veniente para la democracia, lo que se sabe con cierta rigurosidad tiende a mostrar que el dinero rara vez detennina los resultados políticos y que los instrumentos para regular su influencia en la política pocas veces logran algo ,nás que un éxito 1node– rado y transitorio. La experiencia internacional sugiere que si los esfuerzos regulatorios en materia de financiatniento político han de alcanzar, al 1nenos, ese tnodesto nivel de éxito, los ac– tores políticos que e1nprenden esta tarea deben observar algunas reglas básicas. 1. Haga las preguntas correctas La enumeración de riesgos serios y recurrentes para la democracia realizada en la parte inicial de esle Lrabajo plantea otras Lanlas preguntas fundamentales, que deberían servir como tma suerte de guía para casi cualquier esfuerzo nonnativo en este ca1npo, ciertamente enA1nérica Latina. Esas preguntas, son, al menos, seis: ¿Córno rninitnizar el riesgo de la entrada de fuentes de financiamiento cuestionables en los partidos y catnpañas? ¿Cómo 1ninünizar el riesgo de que, como consecuencia de la búsqueda de recursos para las catnpañas o las actividades partidarias, emerjan conflictos de interés para los toma– dores de decisión o que, si emergen, no sean detectados por los ciudadanos o la prensa? ¿Cómo 1ninimizar el riesgo de la utilización electoral de recursos públicos por parte de las autoridades del gobierno? ¿Cómo generar condiciones en las que un grupo adecuadamente amplio de partidos o candidatos tengan una posibilidad mínima de hacer llegar su rnensaje a los votantes? ¿Cómo generar condiciones para que la regulación del financiamiento político no ali- 1nente la inestabilidad del sistema de partidos y contribuya a la institucionalización de los partidos? ¿Có1no crear condiciones para que la legislación sobre financia1niento político se apli– que eficazmente? Cada una de estas seis preguntas apunta a un te1na funda1nental para la salud de la detnocracia, desde la integridad de los to1nadores de decisión, hasta la equidad electo– ral y la credibilidad de las leyes. Es virtuahnente ünposible que alguna refonna pue– da acometer todas estas necesidades sitnultánea, plena o siquiera coherentemente. En todo caso, no tocias son igualmente prioritarias en todos los contextos. Por eso, es fundainental que toda refonna se suslenle en un diagnóstico 1nedianamente riguroso de lo que urge 1nodificar. Iniciar un proceso de reforma con una postura a priori sobre lo que debe ser refonnado y cómo refonnarlo, sin haber realizado pri,ncro un diagnóstico, constituye un grave error que termina por obstruir el proceso de negociación política que requiere la adop– ción y aplicación exitosa de los catnbios nonnativos.