Libro

194 l. Para llegar a tiempo: apuntes sobre la regulación del financiamiento político en América Latina es obvio que sí es capaz de crear significativas barreras de entrada al proceso electoral para ciertos grupos. As imismo, una distribución de recursos grosera1nente desigual puede crear una apariencia de inequidad capaz de afectar la legitiinidad de los resul– tados electorales. Los eje1nplos abundan en la región: desde la gran disparidad docu,nentada en el financiamiento de las opciones políticas de izquierda con respecto al financiamiento de partidos más conservadores en países co,no México, Uruguay o Costa Rica, hasta el caso extre1no de la elección de 1990 en Perú, en el que el gasto en publicidad del candidato más apegado al statu quo, el escritor Mario Vargas Llosa, superó por un factor de 56 a 1 las erogaciones incurridas por la ca1npaña de Alberto Fujilnori 121. Aún 1nás serios son los casos en que las iniquidades econó1nicas se combinan con otro factor distorsionante: el uso de los recursos del Estado para fi.1vorecer al partido o candidato oficial. Ello puede ir desde lo más sutil y dificihnente detectable -co,no la asignación de publicidad estatal en 1nedios de cotnunicación cotno fonna de presionar el co1nporta1nienlo periodístico- hasta formas 1nucho más obvias y, generaltnente, pro– hibidas por la ley en los sistemas democráticos. Aunque el tema fonna parte habituaJ del prontuario de alegatos de los partidos de oposición en casi toda la región, los casos de las elecciones presidenciales y referéndums en Venezuela en los últimos años y, en algtmos sentidos la contienda presidencial en México en 2006, pueden ser 1nenciona– dos co1no eje1nplos en los que priina facie las acusaciones no han estado desprovistas de tnérito 122 . Nada de esto es bueno para la democracia. Sin embargo, algunos de los casos citados contienen una advertencia funda,nental: las disparidades detectadas no impidieron el triunfo de Fujimori en Perú, el ascenso electoral y eventual triunfo del Frente Amplio en Uruguay en 2004, o el robusto resultado obtenido por el Partido de la Revolución De,nocrática en México y el Partido Acción Ciudadana en Costa Rica, que les llevó a atnbos muy cerca del triunfo electoral en 2006. No solo es necesario afirmar que la disponibilidad de recursos económicos es apenas una de las tnuchísimas variables que explican la dinátnica electoral, sino que es preciso recordar uno de los hallazgos de múltiples investigaciones empíricas sobre las elecciones al Congreso en los Estados 121 Miró-Quesada ( 1998), p. 481. El uso y abuso electoral de los recursos estatal es por parte de quienes están en el poder es un extendido fenómeno en todo el ruundo en desarro llo, aunque en muy di stintos grados y con diversas modalidades. En contextos autoritarios y semiautorita.rios el acceso ilimitado a esos recursos por quienes ostentan el podei- es, con frecuencia, el rasgo definitorio del financiamien– to político y el obsti1culo fun<lamen\,1] p ,1.ra la existencia. <le una arena electornJ equitaliva. Los casos de Egipto o Rusia, entre muchos, vienen a la mente (véase Rabie f2008l ; Ammar f2008]; "Russian eleclion lacke<l ·free<lom', moni!or says", The \Vashinglon Pos!, 4 de mar:i:o de 2008). En lodos los países, hay obvias y considerables <lificulla<les para invest.ig ,1.r es\e fenómeno. Eso no lo hace menos real, por supuesto. Sobre el caso venezolano véase: Unión Europea (2005), p. 45; Unión Europea (2006), p. 41.: "Exigen ley que regule uso de recursos públicos en cmn– paña", F l Universal (Caracas), 21 de febrero de 2009. Rn el caso de México, el uso de algunos programas sociales por parte del gobierno y las actuaciones <le! presidente Vicente Fox durante la campaña de 2006 fueron muy contmvcrsialcs. Véase Tri fc (2006), pp. 15 8-21 7; Córdova (2008), p. 6; Váldez Zepeda (2006).