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Derecho Electoral de Latinoamérica 165 los ParlamentosAndino y Latinoamericano, así como de jueces de paz y de represen– tantes en las juntas de las empresas de servicios públicos. Así mis1no, se autorizó al legislador para conceder a los extranjeros el derecho al voto en elecciones o consul– tas distritales o municipales. No obstante la mencionada revitalización de la detnocracia representativa, los obje– tivos del Constituyente del 91 , en materia de democracia participativa, constituyen aún una 1neta por alcanzar. En efecto, no se ha logrado avanzar en la erradicación de la violencia como instrumento de acción política, ni en la construcción de un verdadero pluralis1no político, a pesar de las facilidades otorgadas para la creación de partidos y la existencia de mayores espacios y mecanismos d e participación. Las circunscripciones especiales en Senado y Cá1nara para la elección de representantes de las comunidades indígenas y de negritudes, si bien garantizan la representación en el Congreso de tales tninorías étnicas, las ha condenado a una representación rnínitna sin posibilidades de que la votación que obtengan les permita ampliar pro– porcionahnente su representación, ade1nás de los serios problemas que ello genera en el diseño de las tarjetas electorales y los ya 1nencionados respecto de la aplicación del voto en blanco, entre otros. Una de las razones de tales resultados podría encontrarse en el hecho de que la re– gulación de las variables del sistetna electoral colombiano ha dependido, en buena medida, del sistema de partidos que en su mo1nenlo se ha querido construir: en 1991, superar el bipartidismo tradicional; en el 2003, superar la dispersión. Probable1nente por ello el objetivo en el que más se ha avanzado ha consistido en superar el bipar– tidismo, razón por la que las refonnas posteriores a 1991 han es tado orientadas a superar la distorsión que en el sistema de partidos generaron las reglas inicialtnente adoptadas para la creación de partidos y que pennitieron que en 2002 participaran en la elección de Senado 63 partidos y movimientos políticos con personería j urídica (Botero y Rodríguez 2008, 18). Cabría concluir, en consecuencia, que si bien la formulación de los elementos técni– cos propios del siste1na electoral para superar el tnodelo de detnocracia representativa excluyente que nos caracterizaba entonces y el evidente agotainiento del sisle1na de partidos no han logrado los resultados esperados, es preciso reconocer que a partir de la Constiru.ción de 1991 Colombia ha avanzado significativamente en la formulación de un régítnen constitucional cuya principal finalidad ha sido la de garantizar la partici– pación de todos en la confonnación, ejercicio y control del poder político, pero ha ne– gado el momento, 20 años después de su entrada en vigencia, de evaluar su verdadero ünpacto en la constn1cción y profundización de nuestro sistema democrático. Referencias bibliográficas Botero, F. y Rodríguez, J.C. (2008). Grande no es sinónimo de jí1erte. Los Partidos y la Reform.a Política. Proyecto de fortalecitniento de la de1nocracia en Colo,nbia PNUD-IDEA Internacional. Documento de Trabajo No. 3. Pr imera edición, Bogo– tá (Colo1nbia).