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Derecho Electoral de Latinoamérica 13 bilidad personal e institucional a los partidos políticos y sus directivos por la designa– ción de candidatos a gobernantes o a las corporaciones públicas. En esa dirección se aprobó - también en la pasada legislatura y gracias al trab~jo de los partidos de la Unidad Nacional- la Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos que desarrolla la Refonna Política contenida en un trascendental acto legis– lativo del año 2009. Cerrar puertas a cantlidatos y grupos corruptos En las próximas elecciones de octubre estare1nos estrenando 1nuchas de sus disposi– ciones en materia de prohibición y control de la doble tnilitancia, la exigencia de una participación mínilna del 30 por ciento de las 1nttj eres en las listas a corporaciones. y un régitnen cada vez más estricto de sanciones a directores y partidos que permitan financiaciones ilegales o que inscriban candidatos inhabilitados o con vínculos con grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico. La sociedad colo1nbiana, los partidos políticos, el Gobierno, la Registraduría, los entes de control, las universidades, las organizaciones civiles, nos he1nos puesto de acuerdo para cerrar las puertas a quienes pretendan llegar a cargos de elección sobre los hom– bros del diablo, es decir, con alianzas y apoyos indebidos. No es una tarea fácil, y tene1nos que estar todos vigilantes, incluyendo los medios de comunicación que cu1nplen un papel muy importante en este empeño. No pode1nos ni queremos repetir pasadas experiencias en las que tnal llatnados políti– cos, cegados por sus ambiciones, hicieron tratos con grupos delincuenciales para llegar a cargos de poder. Muchos de ellos hoy han sido condenados por la justicia o están procesados, pero infortunada1nente algunos no escannientan e intentan colarse por cualquier rendija que les permita el siste1na, y es ahí donde el Estado -con el necesario apoyo de la sociedad civil- tiene que de1noslrar su 1nayor diligencia. Y lo estamos haciendo. La Co1nisión para la Coordinación y Seguitniento de los Procesos Electorales, liderada por el Ministerio del Interior, y con la participación de la Canciller, el Ministro de Defensa, ahora el Ministro de la Justicia, el Ministro de las TIC y el DAS - y la inv itación permanente al Procurador, Fiscal , el Defensor del Pueblo, el Regis trador y el Presidente del Consejo Nacional Electoral-, está trabajando en cinco áreas de control. Se está vigilando la financiación de las catnpañas para identificar cualquier operación sospechosa; se está previniendo la indebida participación en política; se está trabajan– do en 143 municipios con 1nayor riesgo de trashumancia electoral; se está atendiendo todo el tetna de orden público y-finalrnente, y de 1nanera especial- se está refor7.an – do la protección a los candidatos.