Acceso a la justicia a poblaciones vulnerables Personas en c

12 T-579 de 2012 y T-414 de 2012 Corte Constitucional Servicio militar obligatorio de desplazados la ayuda humanitaria en sus diferentes componentes y fases, con lo cual se vulnera este derecho fundamental de la población desplazada, y que no se ha garantizado el tránsito hacia las soluciones duraderas de las víc­ timas” (CC T-112 de 2015). Abandono y despojo de tierras: “la situación de desplazamiento conlleva el desalojo y abandono abrupto del lugar de vivienda, lo que sin duda es un acontecimiento traumático que pone a prueba la estabilidad social, económica, laboral y familiar que en muchas ocasiones hace notoriamente difícil recobrar el rumbo para las personas o familias afectadas” (CC T-159 de 2011) . En la actualidad, la jurisprudencia ha reconocido una amenaza para reclamar las tierras debido a “la aparición de los denominados ‘ejércitos anti-restitución’, la restitución en medio del conflicto implica también una serie de riesgos importantes para la población víctima de despojo, abandono y desplazamiento forzado. Estos hechos y amenazas de vio­ lencia son mecanismos disuasivos para impedir que las víctimas puedan recuperar los derechos sobre sus tierras y territorios” (CC C-404 de 2016). Barreras de acceso en salud, educación y vivienda: las cortes han en­ contrado problemas para lograr acceso efectivo al sistema de salud tra­ tándose de los desplazados. Entre ellos, el hecho de que las entidades prestadoras no brinden “los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud o no permitir la realización de las cirugías o procedimientos amparados por el plan, constituye una vulneración del derecho fundamental a la salud” (CC T-736 de 2004). En el caso de la educación de las niñas y los niños desplazados, las cortes han identificado que uno de los principales problemas es la deserción es- colar “derivada directamente de la conjuncion de sus condiciones de po­ breza y desplazamiento” (auto de seguimiento 251 de 2008 a la sentencia CC T-025 de 2004). Además, las altas Cortes han evidenciado problemas en el acceso a vivienda primero por “la insuficiente oferta de soluciones de vivienda con enfoque diferen­ ciado y la dificultad de los hogares en condición de desplazamiento para acceder